Una serie de hechos recientes indican que estamos a las puertas de un nuevo período de tensiones con Nicaragua, exacerbadas por el gobierno de Daniel Ortega por oportunistas razones de política interna. Ante ellas debemos actuar con la mezcla de prudencia y firmeza que ha caracterizado nuestra política exterior frente a las recurrentes provocaciones nicaragüenses. Esta es la mejor forma de proteger nuestra soberanía y, a la vez, de no caer en los juegos del autoritario presidente, quien desde hace mucho decidió enquistarse en el poder usando todo tipo de maniobras, entre ellas los conflictos de vecindad.
Si se analizaran por separado y fuera del contexto político y social de Nicaragua, los hechos que motivan este editorial quizá solo ameritarían moderada inquietud. Uno es el injustificado endurecimiento de los controles sanitarios sobre las exportaciones de productos lácteos nacionales, que sería posible definir como resultado de presiones pasajeras de sectores productivos nicaragüenses para debilitar la competencia de los costarricenses. La captura, maltrato y decomiso de un bote a dos pescadores nacionales en bahía Salinas podría verse como un arranque puntual de matonismo por iniciativa de autoridades menores sin órdenes de sus superiores. Y aducir que la isla Bolaños, en esa misma bahía, es propiedad de ambos países, quizá solo sea parte de su estrategia jurídica frente a la demanda planteada por Costa Rica ante la Corte Internacional de Justicia sobre límites en el Atlántico y el Pacífico: exigir lo máximo –aunque carezca de fundamento– para tratar de sacar algo más modesto a cambio.
Pero sucede que los anteriores elementos sí parecen estar vinculados y concertados, además de motivados por oportunistas consideraciones internas. Por esto, adquieren una naturaleza muy distinta y perturbadora.
El endurecimiento de los controles sanitarios carece de bases técnicas y solo puede explicarse por móviles estrictamente políticos. La captura de los dos marineros es parte de una secuencia de hechos menos notorios para entorpecer la pesca nacional en bahía Salinas y tratar de controlarla mediante hechos consumados. El alegato de copropiedad sobre isla Bolaños, por su parte, no solo es un artilugio legal, sino un argumento para teñir de cierta burda legitimidad los desplantes en esas aguas.
De manera coincidente, Ortega está avanzado en la ejecución de un golpe letal contra lo poco que queda de democracia en el país, mediante el control absoluto de las elecciones de noviembre, en las que se presenta a una nueva reelección. Una maniobra del Poder Judicial, dominado por el Frente Sandinista, impidió que los verdaderos representantes del Partido Liberal Independiente, el principal de oposición, pudieran inscribirse en la contienda; en su lugar, tomó el mando un grupúsculo controlado por Ortega. Durante el proceso no habrá verdaderos observadores electorales internacionales; la mayoría de los medios de comunicación son controlados por la familia del presidente y empresarios afines; y el poder electoral está bajo el estricto dominio del régimen. Todo esto ha generado gran descontento, protestas y deslegitimación del proceso.
A la vez ha crecido el rechazo, sobre todo en zonas rurales, contra el proyecto de construir un canal interoceánico. Cada vez es más evidente que no tiene sustento técnico, financiero y ambiental. Cada vez el espejismo de que con él Nicaragua se desarrollará como por arte de magia, se torna más burdo y absurdo. Cada vez más, lo único que se materializa son las expropiaciones forzadas de tierras a centenares de familias campesinas.
En tales condiciones, generar conflictos externos, crear enemigos ficticios en Costa Rica y exacerbar el nacionalismo surgen como válvulas para desviar la atención, neutralizar la protesta y paralizar, aún más, a la oposición. Fue algo utilizado eficazmente durante el conflicto por isla Calero, que coincidió con las maniobras de Ortega para imponer la reelección indefinida. No debe sorprender que ahora eche mano a herramientas similares. Por esto, se requiere una gran atención por parte de nuestras autoridades, una preparación para tensiones mayores y el desarrollo de una estrategia nacional con sólidos componentes jurídicos, diplomáticos, políticos y de comunicación.
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