Opinión

EDITORIAL

Nueva elección de defensor

Actualizado el 10 de julio de 2014 a las 12:41 am

El nombramiento del sustituto de Ofelia Taitelbaum apremia, especialmente ahora que el Congreso hizo a un lado la terna de candidatos a defensor adjunto

La Asamblea Legislativa tiene la oportunidad de recuperar la credibilidad del procedimiento de selección

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La renuncia de la defensora Ofelia Taitelbaum obliga a la Asamblea Legislativa a iniciar un nuevo proceso de selección para llenar la vacante. Desde hace tiempo, la elección del defensor de los Habitantes ha sido traumática, repleta del estira y encoge político característico de otros nombramientos, y, además, distorsionada por las aspiraciones de los propios diputados.

La primera elección de Taitelbaum estuvo teñida del intervencionismo de la Casa Presidencial y del alineamiento partidario de la fracción a la cual pertenecía la candidata. Los procedimientos de evaluación establecidos para asegurar una selección más técnica demostraron su inutilidad frente a la voluntad manifiesta de la alianza de legisladores amalgamada en torno a la entonces diputada liberacionista.

La reelección de la defensora se caracterizó por idénticas distorsiones, esta vez en contra de la aspirante a conservar el cargo. Diferencias con la Casa Presidencial y sectores del Partido Liberación Nacional hicieron que, de la propia fracción verdiblanca, surgiera el principal reto a la continuidad de la gestión de Taitelbaum.

Ahora, apenas juramentado el Congreso, y con cuatro años de curul por delante, el surgimiento de aspiraciones en su seno parece menos probable. Se presenta, pues, la oportunidad de llevar a cabo un proceso de selección menos sesgado y de rescatar a la Defensoría del papel de tabla de supervivencia de legisladores a punto de concluir su gestión.

El problema es tan evidente que, antes de sospecharse la renuncia de Taitelbaum, ya existía en el Congreso un proyecto para prohibir la escogencia de un diputado cuando fuera necesario reemplazarla. El proyecto está lejos de convertirse en ley, pero las circunstancias no se prestan para un intento de sustituir a la defensora con un legislador.

La institución, por otra parte, no debe permanecer acéfala. La necesidad de nombrar al sustituto apremia, especialmente ahora que el Congreso decidió, con atino, hacer a un lado la lista de candidatos a defensor adjunto sometida por Taitelbaum. El adjunto debe ser una persona de confianza del titular y, si la terna fue planteada por la exdefensora, lo razonable es descartarla para darle al sucesor la oportunidad de ofrecer sus candidatos.

El presidente, Luis Guillermo Solís, señaló la necesidad de elegir un defensor que esté “por encima de los intereses del poder o de un grupo en particular”. Si la Asamblea Legislativa se empeñara en esa tarea, haría un enorme beneficio a la Defensoría y también a sí misma. La selección del defensor debe ser un procedimiento solemne, no una pantomima dañina para la credibilidad del Congreso.

Recuperar la credibilidad del procedimiento pasa por incentivar la presentación de atestados de aspirantes bien calificados y capaces de desempeñar el cargo con excelencia. A estas alturas, algunos de los mejores candidatos están desencantados del proceso y escépticos de su valor y justicia.

La magistratura de influencia de la Defensoría es tan amplia como quiera hacerla el titular del cargo. Tanta amplitud conlleva el riesgo de descuidar los objetivos esenciales, convertir el despacho en un proyecto ideológico personal, hacerlo instrumento de determinada tendencia del debate ideológico o ceder ante la tentación del populismo y la demagogia.

Al cargo le compete la defensa de los derechos ciudadanos, concretos y bien delimitados, siempre a prudente distancia del debate político. Se trata de tutelar esos derechos en la interacción cotidiana del ciudadano con las instituciones públicas y, en algunos casos, con los particulares. Escoger a un defensor capaz de entender ese cometido a plenitud es el trascendental cometido del Congreso.

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