Los últimos meses han traído consigo un inusual manojo de malas noticias originadas en la banca comercial estatal. Han tenido que ver con el Banco Crédito Agrícola de Cartago, para el que la mejor decisión es su cierre, el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica y hasta el hijo de estos: el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa). Todos han tenido problemas de gobierno corporativo y abusos de directores que, por ejemplo, se autonombraron en las subsidiarias para redondearse altos ingresos por dietas. Los salarios de jerarcas de la banca estatal, que rondan los quince millones de colones mensuales y más, son vistos con enorme recelo por la opinión pública.
También preocupa que los empleados de los bancos estatales, un pequeño subconjunto de los costarricenses, se lleven año con año una proporción importante de las utilidades que –con la “plena garantía del Estado”– esos entes obtienen. Pareciera que solo ellos, y no toda la colectividad, son los dueños, y que por su propiedad reciben dividendos periódicos.
Por otro lado, los cargos de director bancario son muy apetecidos por personas allegadas a los grupos de poder político, pues ellos también suelen estar acompañados de una serie de ventajas. Dichos cargos son, en mucho, considerados botín de las batallas electorales y no todos sus ocupantes parecen tener los conocimientos técnicos requeridos para dirigir entidades que de por sí son complicadas, pues tienen que sujetarse a la normativa propia de la regulación y supervisión prudencial, tomar decisiones para identificar, medir, administrar y controlar la exposición a los riesgos asumidos, etc. En principio, los directores no solo deben satisfacer el criterio de idoneidad (conocido internacionalmente como fit and proper ) sino que deben disponer del tiempo necesario para estudiar y formarse cabal criterio sobre los temas tratados en las juntas directivas. No todos cumplen con esos requisitos. Además, no han de tener conflictos de intereses.
Los conflictos de intereses tienen que ver con los muchos sombreros que algunos directores utilizan y se cambian según convenga. Ellos, o familiares cercanos, pueden ser accionistas de empresas que obtienen créditos del banco de cuya junta directiva forman parte; ellos o sus socios suplen servicios legales o de otro tipo a la entidad, por los que cobran los honorarios, etc. Esto puede sesgar sus decisiones y hacerlos complacientes con la alta administración, lo que contradice las buenas prácticas de gobierno corporativo que, entre otras cosas, obligan al director a cuestionar las actuaciones de la gerencia cuando lo estimen necesario y a dejar constancia de ello en las minutas.
En la banca estatal no opera una asamblea de accionistas como la de las entidades privadas, pues esas funciones las ejerce el Consejo de Gobierno. Por tanto, la supervisión superior de las juntas directivas y de los cuerpos gerenciales tiende, en la banca pública, a ser muy pobre. Esto necesariamente deja el control de ejecutoria a otros cuerpos como la Contraloría General de la República, la Procuraduría, la Superintendencia de Entidades Financieras y la Asamblea Legislativa.
La banca estatal puede desempeñar un papel importante en el sistema financiero costarricense, conformado por una veintena de bancos y muchas sociedades financieras, fomentando la competencia y hasta concentrando su actividad en los nichos del mercado que, siendo importantes, no suelen formar parte del mercado meta de los intermediarios privados. A estos efectos, el Banco Crédito Agrícola de Cartago no tiene ninguna función que cumplir. Tampoco le vemos un claro propósito de interés nacional a Bicsa.
Es necesario acotar la participación del Estado costarricense en el negocio de intermediación financiera y asegurar que los dos bancos estatales que podrían quedar en el mercado (Banco Nacional y Banco de Costa Rica) operen con gran eficiencia, transparencia y que rindan a sus dueños –es decir, a los costarricenses– informes periódicos de su ejecutoria. Lo que no puede ser es que la banca pública sea un confite para el disfrute de unos cuantos.
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