Opinión

EDITORIAL

Nombramiento injustificado

Actualizado el 09 de abril de 2016 a las 12:00 am

El nuevo regulador general llegará al cargo con su legitimidad debilitada

Por ser alto funcionario del ICE, aunque con permiso, enfrentará serios conflictos de intereses

Opinión

Nombramiento injustificado

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

Tanto por las características del proceso que, el jueves, consolidó su nombramiento, como por las relaciones institucionales de la persona escogida, el nuevo regulador general, Roberto Jiménez Gómez, llegará a su cargo en medio de justificadas dudas sobre sus posibilidades y voluntad de ejercer el cargo como se debe; también sobre la legalidad del nombramiento. Esto afectará seriamente el trabajo de una entidad clave como la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), e incluso vulnerará la credibilidad de las decisiones que tome su nuevo jerarca cuando estas se relacionen con temas de electricidad y telecomunicaciones.

Estamos, por esto, ante una decisión (o falta de ella) lamentable, de la cual el responsable activo directo es el Ejecutivo, pero a la que coadyuvaron, pasivamente, no solo los diputados de los partidos Acción Ciudadana y Frente Amplio, sino también de otras agrupaciones que denunciaron una “maniobra” de los primeros, en particular Liberación Nacional y la Unidad Socialcristiana. Nuestros comentarios no están inspirados por las cualidades personales del escogido, a quien respetamos, sino por las implicaciones institucionales, que deberían prevalecer.

Según la ley de la Aresep, tanto sus directivos como el regulador general son nombrados por el Consejo de Gobierno, pero la Asamblea dispone de 30 días para objetarlos. “Si en ese plazo no se produjere objeción –añade el texto–, se tendrán por ratificados”. En el caso que nos ocupa, los diputados pudieron considerar el nombramiento con prontitud para evitar que los arrasara el plazo. Sin embargo, no ocurrió de tal manera, y el pasado jueves, último día de sesiones antes de que venciera, fue la fecha fijada para la discusión y la votación finales. Se crearon así las condiciones para lo que, sin duda, es una maniobra lamentable: la ausencia deliberada de legisladores, sobre todo del PAC y el FA, que impidió constituir cuórum, tener sesión y, por tanto, votar. Como resultado, se consolidó el nombramiento. No hay nada ilegal en el proceso, pero sí indebido, y aunque la oposición mayoritaria ha denunciado el proceso, contribuyó a que funcionara porque varios de sus representantes también se ausentaron, lo cual deja serias dudas sobre la sinceridad y seriedad de su denuncia.

A los problemas de procedimiento se une otro mucho más serio, que fue denunciado en su oportunidad por varios sectores y diputados: el evidente conflicto de intereses que enfrentará el regulador Jiménez. La razón es clara: es jefe de Planificación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), una de las principales empresas reguladas por la Aresep, y principal operador en generación y distribución de electricidad, así como en telecomunicaciones. Aunque desde el 2014, cuando se incorporó a la directiva de la Aresep, disfruta de una licencia, Jiménez mantiene su cargo, lo cual choca claramente con lo debido y despierta serias dudas legales.

En efecto, entre las prohibiciones para el regulador establecidas por ley está “intervenir en el trámite o la resolución de asuntos sometidos a su jurisdicción, en los que tenga interés personal, directa o indirectamente”. Si el nuevo regulador ostenta tan alto cargo en el ICE, es evidente que también tendrá un interés personal en lo que suceda con la empresa. Por esto, puede entenderse que está sometido a prohibición, la cual, por cierto, también se le aplicaba al ser directivo. Como resultado, el nuevo regulador o debería abstenerse de cualquier decisión que afecte a su empleador permanente, o, de involucrarse, lo que decida carecerá de legitimidad y, probablemente, de legalidad.

Sorprende que, a pesar de lo anterior, el Ejecutivo procediera al nombramiento y los diputados tomaran con tal ligereza el procedimiento. La importancia de la Aresep en materia de servicios públicos es esencial, y toca al conjunto de la ciudadanía; también a la economía y la competitividad del país. Al vulnerarla al darse un nombramiento con serios problemas de fondo y una inconveniente forma, su funcionamiento se verá seriamente afectado y, con él, su capacidad de desempeñar con seriedad y credibilidad el papel que le corresponde.

  • Comparta este artículo
Opinión

Nombramiento injustificado

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

Ver comentarios
Regresar a la nota