Opinión

EDITORIAL

Muerte en las carreteras

Actualizado el 22 de noviembre de 2014 a las 12:00 am

La Policía de Tránsito cuenta con 840 agentes, divididos en tres turnos diarios, para responder a 62.000 colisiones anuales

Hasta el mes de octubre se registraron 297 muertes en accidentes, que superan la totalidad de los casos del 2013

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Latinoamérica es la región con mayor inseguridad vial del mundo y Costa Rica no es la excepción. Aunque para comprobarlo solo falta salir a la calle, las estadísticas esbozan una perspectiva alarmante que, lejos de decrecer, se agrava. Este año, el país batió una nueva marca en la cantidad de accidentes mortales en carretera. Hasta el mes de octubre se registraron 297 muertes, que superan la totalidad de los casos del 2013, y falta por contabilizar los meses más álgidos.

Los percances de tránsito ya están entre las principales causas de enfermedad y discapacidad de nuestra población. Abarrotan los servicios quirúrgicos y de emergencias de los hospitales, ya de por sí congestionados, con 30.000 pacientes al año, y le costaron ¢40.000 millones al Instituto Nacional de Seguros (INS) y a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en el 2013.

Para el Banco Mundial, esta epidemia global no solo representa un problema de salud pública, sino que también incide en el desarrollo económico. Su impacto en el producto interno bruto (PIB) oscila entre un 1% y un 3%, y afecta en particular al grupo de entre 15 y 44 años, que más aporta a la riqueza nacional. El Estudio de carga de enfermedad de la CCSS contabilizó que la población costarricense habría perdido 24.256 años, en el 2013, a causa de la siniestralidad vial y sus secuelas traumáticas, que pueden reducir la calidad de vida durante décadas e implicar tratamientos costosos y sofisticados.

Como si este panorama no fuera suficiente, los accidentes en Costa Rica son cada día más complejos y muestran los efectos de una red vial colapsada, un parque automotor en crecimiento, que alcanza los 1,7 millones de vehículos, y una cultura de la conducción temeraria, que se nutre de las limitaciones de la Policía de Tránsito. La Cruz Roja ha advertido que factores como el exceso de velocidad, la invasión del carril contrario y el abuso de licor hacen que los percances actuales sean más difíciles de atender y presenten un número mayor de víctimas.

Esta realidad, que invade cotidianamente nuestras calles con estadísticas rojas y tragedias humanas, no puede ser relegada al último cajón de los asuntos públicos. Hablar de limitaciones en la Policía de Tránsito es un eufemismo para referirse a una institución que cuenta con 840 agentes, divididos en tres turnos diarios, para responder a 62.000 colisiones anuales.

Algunos países en Latinoamérica, como Paraguay, han tratado la violencia en las carreteras como un problema nacional, atacándolo desde una estrategia múltiple y altas dosis de creatividad, campañas de sensibilización y prevención, un marco jurídico estricto, mayor presencia policial y dispositivos tecnológicos como cámaras y semáforos inteligentes.

Lo peor que podríamos hacer es cruzarnos de brazos y seguir contemplando cómo seguimos matándonos impunemente en las calles. Los estudios internacionales demuestran que la vigilancia, ya sea personal o tecnológica, contribuye a disminuir la conducción temeraria y la tentación, tan característica en Costa Rica, de saltarse la luz roja o hacer caso omiso de los límites de velocidad.

Para este final de año, la Policía de Tránsito fortalecerá sus recursos con nuevos equipos y patrullas, pero esto quedará en nada, si no se realiza un esfuerzo consciente por reducir los accidentes a corto plazo. En otros países, los planes de acción contra la violencia vial incluyen metas e indicadores que permiten medir los resultados y la modificación de conducta entre los choferes.

Como declaró el senador Eduardo Petta San Martín, exdirector de la Policía de Tránsito de Paraguay, la disminución de la siniestralidad en carretera es posible, pero es una responsabilidad compartida entre todos los sectores de la sociedad.

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