El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) hace esfuerzos encomiables para reducir su planilla. En junio, había ofrecido una compensación de tres salarios a los empleados dispuestos a abandonar sus cargos, además del pago normal de cesantía. El 12 de este mes, mejoró la oferta a cuatro salarios calculados con base en el promedio de lo devengado en el último año. Además, ofreció a los hombres con más de 58 años y menos de 60 aportar lo necesario para completar las cotizaciones de jubilación. Lo mismo vale para las mujeres de entre 56 y 58 años.
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Los rangos de edad tienen la finalidad de reglamentar el beneficio para impedir su aprovechamiento por personas a punto de jubilarse, como sucedió recientemente en la Asamblea Legislativa. Los deudores del Fondo de Garantías y Ahorro de la institución podrán salir de la planilla sin temer aumentos en las tasas de interés de los préstamos hipotecarios vigentes en el momento de la renuncia.
El plan de reorganización incluye reubicar empleados en posiciones donde brinden mejores resultados. A ese efecto, la presidencia ejecutiva del Instituto autorizó a las gerencias de área el mes pasado. El propósito de los movimientos es conseguir la estabilidad financiera de la empresa estatal.
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En el pasado, el ICE defendió tajantemente su planilla y negó la existencia de personal superfluo. Los planes de las últimas semanas, y otros ejecutados tiempo atrás, confirman la posibilidad, y ahora la necesidad, de hacer ajustes. Mucho se ha perdido en el ínterin y es poco probable que los planes de retiro voluntario logren una reducción suficiente.
El peso de las realidades financieras parece haber conseguido un avance que jamás fue posible mediante el debate público. Tardada y parcial como es la actual iniciativa, es preciso reconocerle a la administración el esfuerzo. La movilidad laboral será cara. En un intento anterior, la entidad logró el retiro de 405 personas a un costo de ¢22.484 millones.
No obstante los incentivos ofrecidos y las presiones financieras subyacentes, el Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT) se opone al plan de movilidad. Parece estar más preocupado por el tamaño de la planilla que por la eficiencia del Instituto, sin ver que con esa actitud lo pone en serio riesgo de sufrir una crisis.
El FIT acusa a la administración de falta de diálogo y de voluntad política para respetar acuerdos suscritos con anterioridad. Además, exige abandonar la Política de Racionalización y Optimización de los Recursos Humanos del Grupo ICE, aprobada en junio. Pero el Estado como un todo está urgido de una política de racionalización y optimización, especialmente en las instituciones autónomas. Es de celebrar que el ICE diera el primer paso.
La administración no debe ceder y, por el contrario, debe poner en práctica tantos planes como sean necesarios para conseguir la estabilidad financiera. La institución es para proveer servicios a los costarricenses, no para crear puestos de trabajo sin justificación o para incrementar la afiliación al sindicato.
No hay una forma menos traumática de lograr la necesaria reducción de la planilla que el ofrecimiento de incentivos para el retiro voluntario. Los intereses del trabajador quedan bien servidos y también los de la institución. Es difícil comprender las objeciones del sindicato como no sea por la pérdida de membrecía e influencia, pero esos nunca han sido los objetivos de la institución.
Futuras administraciones deberán mantenerse vigilantes de cuanto se avance en esta y resistir la tentación, tantas veces vista, de dar marcha atrás. Lo sucedido en la Caja Costarricense de Seguro Social durante la presidencia de Eduardo Doryan no debe repetirse.
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