Opinión

EDITORIAL

Morosidad bancaria

Actualizado el 15 de octubre de 2012 a las 12:00 am

Sugef reprendió al Banco Popular por pretender ocultar su morosidad, y la morosidad subió fuertemente en Bancrédito

Lo más importante es asegurar al país que todos los bancos hayan aprendido la lección y se abstengan en el futuro de hacer química financiera para ocultar resultados reales

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Dos noticias inquietaron el ambiente financiero nacional la semana pasada: la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) reprendió al Banco Popular por pretender ocultar su morosidad, y la morosidad subió fuertemente en Bancrédito. Anteriormente, le sucedió al Banco Nacional, otro banco estatal. ¿Se estará deteriorando la calidad de la cartera crediticia en las instituciones bancarias y financieras costarricenses?

La Sugef reclamó al Banco Popular haber emitido un reglamento interno para refinanciar a sus deudores morosos, en contravención con lo establecido en la normativa emitida por esa superintendencia (1-05). Esta norma obliga a los bancos y entidades financieras a establecer provisiones en ciertos casos –castigar las utilidades del período– para mantener la integridad patrimonial y preservar la estabilidad bancaria.

Si la cartera morosa con más de tres meses de retraso se mantiene dentro de un 3% del total de los créditos y garantías otorgadas, la situación se considera normal; si trasciende ese porcentaje, la entidad incurre en grados o niveles de inestabilidad financiera, dependiendo del porcentaje de la morosidad, y se hace acreedora a diversas sanciones.

Aparentemente, el Banco Popular quiso soslayar la normativa vigente al readecuar los créditos de deudores morosos y pretender que las operaciones estaban al día sin atender debidamente los pagos de capital e intereses conforme con lo pactado originalmente. Esa práctica, de comprobarse, resulta ilegal y engañosa por desmentir la viabilidad económica de los proyectos y comprometer la suficiencia patrimonial de las entidades, incluyendo su rentabilidad.

Por esa razón, en casi todas las legislaciones modernas se prohíben esas prácticas, denominadas ever greening. En el caso de los bancos públicos la situación es más grave porque el Estado, por su precaria situación fiscal, resulta prácticamente incapaz de aportar el capital perdido a causa de las denominadas cuentas malas, y se restringe la capacidad de los bancos para seguir prestando y crecer al ritmo de los depósitos. Si los bancos se cotizaran en una bolsa de valores, como en otros países, sus acciones descenderían abruptamente en el mercado, y los accionistas tendrían que aportar fondos adicionales para preservar la estabilidad.

El Banco Popular alegó haber emitido el reglamento interno en 2008 para facilitar esas readecuaciones, al amparo del Plan Escudo diseñado por el Gobierno para palear la crisis. Pero la Sugef, acertadamente, señaló que ninguna entidad, aunque sea pública, puede emitir normas internas en contravención a la supervisión prudencial. Ni siquiera el Poder Ejecutivo está en capacidad de reglamentar lo que corresponde a la Sugef, en atención a su especialidad orgánica.

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Por su parte, Bancrédito, al igual que anteriormente el Banco Nacional, responsabiliza a la crisis inmobiliaria internacional por la desatención de los créditos, y aduce que ciertos desarrollos de bienes raíces, orientados principalmente a la demanda externa, vinieron a menos al reventar la burbuja inmobiliaria en el exterior y mermar las entradas de capital con esos propósitos. Pero, independientemente de la veracidad de esa argumentación, hay un elemento de responsabilidad y obligación de sanidad por parte del banco. En toda actividad crediticia hay riesgos involucrados, no solo los inherentes al proyecto en sí, sino también los de carácter macroeconómico derivados del entorno nacional e internacional.

La crisis debió haberse previsto, los riesgos debieron evaluarse y, sobre todo, se debió controlar la expansión crediticia, que en ese período de crecimiento fue muy elevada. Debe recordarse que en Estados Unidos y, más recientemente en la Unión Europea, la crisis se originó, en buena parte, por insuficiente regulación bancaria en conexión con el mercado de bienes raíces. Por esa razón se reformaron las leyes para controlar mejor a los bancos y evitar la ocurrencia de nuevas crisis inmobiliarias.

El Banco Nacional, que también fue debidamente reprendido en su oportunidad por la Sugef, tuvo que reconocer sus errores y hacer las previsiones del caso. Bancrédito tiene ahora que actuar de conformidad. Aunque asegura que ya sus deudores atendieron sus obligaciones, se pusieron al día, y parte sin novedad, esperamos que no se trate de readecuaciones similares a las del Banco Popular. Pero lo más importante es asegurar al país que todos los bancos hayan aprendido la lección y se abstengan en el futuro de hacer química financiera para ocultar resultados reales, cuando son desfavorables. Hace bien la Sugef al fiscalizar con prontitud esos aspectos y exigir, sin contemplaciones, el cumplimiento de la normativa. De ahí se deriva la necesidad de que pueda preservar su autonomía e independencia del Banco Central y del Poder Ejecutivo, aspecto muy discutido recientemente. En juego están la estabilidad del sistema financiero y la protección de los depósitos del público.

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