EscucharEl país culminó el domingo una impecable jornada electoral. Habrá otra, el 6 de abril, para cumplir el mandato constitucional de declarar ganador a quien supere el 40% de los votos. En esa fecha, estamos seguros, el Tribunal Supremo de Elecciones y el civismo costarricense conquistarán un nuevo galardón democrático, como el conseguido este domingo.
Pero la agenda nacional, no importa quien triunfe en la segunda ronda de votaciones, está repleta de retos formidables, cuya envergadura exige capacidad de negociación política, siempre animada por el patriotismo, con renuncia a la ventaja inmediata y la crítica fácil, de corte populista.
No sabemos hoy quién nos gobernará a partir del 8 de mayo. Quien sea, necesitará de un Congreso capaz de tramitar sus iniciativas de ley. El momento de incertidumbre parece adecuado para impulsar la reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa. Tradicionalmente, quien está en la oposición se opone al cambio y su contraparte de gobierno insiste en la necesidad de hacerlo. Mientras haya incertidumbre electoral, no sabremos quién podrá aprovechar la nueva redacción para gobernar con mayor holgura. Por cierto, este tema medular no salió a relucir en ninguno de los debates recién pasados.
En noviembre, Liberación Nacional, Movimiento Libertario, Accesibilidad sin Exclusión, Unidad Socialcristiana, Renovación Costarricense y Restauración Nacional se pusieron de acuerdo para tramitar la reforma. Acción Ciudadana y el Frente Amplio se mostraron renuentes. Las elecciones del domingo despejaron buena parte de los nublados de entonces y, hoy, el PAC se sabe firme candidato a gobernar, tanto como el PLN. Ambos saben, por otra parte, que en un eventual gobierno no contarán con mayoría parlamentaria.
Los programas de gobierno de uno y otro partido contemplan reformas legales. Si van en serio, ambos deberían interesarse en mejorar las posibilidades de aprobar los proyectos ofrecidos. La reforma sería, además, una demostración oportuna de la voluntad de coincidir y negociar en beneficio del país y su gobernabilidad.
El próximo Congreso será, como sus recientes antecesores, un organismo fraccionado. La negociación se impone como forma de gobierno, pero de poco sirve lograr acuerdos si un solo diputado disidente puede ejercer derecho al veto mediante el abuso de los mecanismos procedimentales puestos a su disposición por el reglamento vigente.
En el PAC siempre hubo partidarios de la reforma, entre ellos el fundador del movimiento, Ottón Solís. La agrupación como un todo aceptó la incorporación del cambio a la exigua agenda de la alianza parlamentaria forjada en el 2011 para tomar el directorio del Congreso. El concepto no le es ajeno y la necesidad ha sido reconocida en el pasado reciente. Liberación, por su parte, se comprometió con las demás fuerzas legislativas en noviembre. El camino debería estar allanado y el momento parece propicio.
Hace dos años, un solo diputado, decidido a imponer la tolerancia cero al consumo de alcohol por parte de los conductores, además de fortísimas multas por cualquier concentración de la sustancia en la sangre, tuvo frenada la aprobación de la nueva y urgente ley de tránsito, pese a las recomendaciones técnicas y los fallos de la Sala Constitucional contra las sanciones desproporcionadas.
Un país incapaz de regular el tránsito, pese al altísimo número de accidentes y muertes en sus vías, apenas podrá pensar en el trámite de reformas más profundas y polémicas. El mal es de todos conocido, pero la cura no debería interesar a nadie tanto como a los partidos con posibilidades de gobernar. Es hora de que Acción Ciudadana y Liberación Nacional se tiendan la mano en esta materia, sobre todo cuando otros partidos se muestran anuentes a hacer la reforma. De paso, sentarían un valioso precedente para negociaciones futuras.
