EscucharSi la equidad consistiera en nivelar las pensiones del Estado con las otorgadas por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social, la propuesta del Gobierno de rebajar las primeras en un 20% se quedaría muy corta, pero tal ha sido el abuso de los privilegios concedidos a la Administración Pública que pensar en una auténtica equidad es imposible.
Los regímenes con cargo al presupuesto nacional seguirán siendo de privilegio, muy superiores en beneficios a los del IVM que disfruta la inmensa mayoría de la población, pero peor es mantener la situación actual con su ruinoso efecto sobre las finanzas públicas.
En ese marco, la propuesta del Ejecutivo es meritoria y debe ser apoyada. Los afectados tendrán pensiones equivalentes al 80% de su salario, no a la totalidad, como sucede actualmente. Tampoco recibirán aumentos atados al puesto ocupado durante la vida laboral activa y la edad de retiro aumentará de los 55 a los 60 años.
La iniciativa del Gobierno tocará a los empleados de la Asamblea Legislativa, el Registro Público y los ministerios de Obras Públicas y Hacienda. Los 60.000 pensionados con cargo al presupuesto nacional recibirán ajustes vinculados con la inflación, como el resto de los jubilados. Las pensiones más altas tendrán un tope, mucho más generoso que el impuesto por el IVM y se les pedirá contribuir de conformidad con una escala que llega hasta el 18% del ingreso.
Cualquier afiliado al IVM se sentiría afortunado de gozar de las mismas condiciones y no existe en la función pública un motivo diferenciador capaz de explicar por qué los demás trabajadores merecen menos. La diferencia entre la normalidad y el privilegio es, estrictamente, la identidad del patrono. Si se trata del Estado, la jubilación es más generosa.
A fin de cuentas, tenemos un régimen injusto, no solo por la diferencia apuntada, sino también porque el privilegio de la minoría lo financian quienes menos reciben al terminar su vida laboral, sea mediante el pago de impuestos o como víctimas de los efectos del desequilibrio fiscal.
Las condiciones del sector público son envidiables en comparación con el IVM, pero no sobra señalar que los beneficios disfrutados a lo largo de la vida laboral también difieren significativamente según el patrono, sea el Estado o la empresa privada, siempre con efectos ruinosos para las finanzas públicas.
Costa Rica es el único país en América Latina donde los empleados públicos ganan más que los privados, señala Augusto de la Torre, economista jefe del Banco Mundial. En el 2013, el Ministerio de Hacienda calculó la ventaja salarial del sector público en un 49%.
La inequidad se extiende, en demasiados casos, a regímenes especiales de cesantía, incapacidades pagadas al cien por ciento, anualidades que resultan en aumentos automáticos del salario, sin verdadera evaluación del desempeño y otros beneficios.
Para rematar, existen ventajas resultantes del abuso de la ley. Los empleados públicos se incapacitan cinco veces más que los del sector privado y le cobraron, por ese concepto, ¢28.277 millones a la seguridad social en el 2014. En el sector privado hay un millón y medio de empleados más, pero solo cobraron ¢15.200 millones en incapacidades.
La odiosa inequidad, para no mencionar el estado de las finanzas públicas, justifica medidas como las propuestas por el Gobierno y, más bien, las hace parecer modestas.
La reforma de pensiones debe acompañarse, como se ha venido diciendo, de un replanteamiento del empleo público que limite los pluses salariales, las anualidades, la dedicación exclusiva y establezca el cálculo de los aumentos salariales a partir del salario total y no del salario base, entre otras medidas.
