Opinión

EDITORIAL

México en un mar de dudas

Actualizado el 01 de mayo de 2016 a las 12:00 am

A la fecha, las familias de los jóvenes desaparecidos en el estado de Guerrero carecen de una explicación de lo sucedido

La práctica del secretismo nutre las perennes sospechas sobre lo que se cocina en la esfera oficial

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En setiembre del 2014, un grupo de alumnos de la escuela normal de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, emprendió un viaje en autobús hacia la ciudad de Iguala, donde gestionarían recursos para trasladarse al Distrito Federal donde participarían en una manifestación.

La Policía Municipal de Iguala se enfrentó con los estudiantes, ante la mirada pasiva del Ejército, la Policía estatal y la federal. Varias personas fallecieron. Hubo 25 heridos y otros 43 alumnos desaparecieron. Hasta la fecha, no hay certeza de lo sucedido con ellos.

La desaparición súbita de los 43 muchachos no podía ser disimulada por las autoridades del estado de Guerrero. Más aún, el escándalo internacional producido por el affaire obligó al presidente, Enrique Peña Nieto, a sumergirse también en la controversia.

Las autoridades responsabilizaron del crimen al cartel de la droga Guerreros Unidos y, posteriormente, también detuvieron a tres decenas de policías municipales. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, huyó, pero fue detenido poco después, junto a su esposa. Nada de eso esclareció por completo el caso.

La respuesta oficial fue de cajón: en pleno, las legiones de empleados públicos, en especial de fiscalías y carabineros, entre otros, recibieron instrucciones expresas de colaborar con los investigadores de la tragedia. Sobra señalar que el despliegue policial del aparato público, al cabo de unas pocas semanas, quedó al desnudo como una bocanada de humo inútil.

Para paliar el bochorno nacional, el equipo gubernamental que investigaba los hechos de Guerrero invitó a expertos del exterior e integró comisiones ad hoc. Entretanto, el descontento público alcanzó dimensiones sin precedentes.

Los investigadores del Gobierno afirmaban como “verdad histórica” que los 43 fueron calcinados en una hoguera cercana a un botadero de basura y al río Cocula. Ni lo uno ni lo otro fue jamás confirmado. Solo se identificaron en el sitio los restos de uno de los muchachos.

Según expertos forenses argentinos invitados a ayudar, no existen pruebas para ligar los restos hallados en el basurero de Cocula con los estudiantes desaparecidos, pero hay indicios claros de que algunos pertenecen a personas no relacionadas con el caso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también duda de que los cuerpos fueran incinerados en el basurero y critica la investigación y el manejo de las pruebas.

Amnistía Internacional afirma que el caso es un “escandaloso encubrimiento” de los responsables de la desaparición forzada y critica “la inquebrantable determinación del Gobierno mexicano de convencer al mundo de que los estudiantes fueron asesinados por una banda de narcotraficantes y sus restos quemados en un basurero”.

Con este panorama lamentable, que no cesa de perseguir al país por doquier en el extranjero, es posible que los verdaderos asesinos y sus cómplices en el bajo mundo del narcotráfico y otras esferas gocen de una coraza protectora. Lo cierto es que, hasta la fecha, la monstruosa coalición de elementos oficiales y de autoridades de Guerrero sospechosas de lo sucedido no ha sido expuesta de manera satisfactoria y las familias de los jóvenes carecen de una explicación.

La práctica del secretismo nutre las perennes sospechas sobre lo que se cocina en la esfera oficial. La luz clara de la transparencia constituye un desiderátum para las democracias más avanzadas del planeta. Hagamos votos por su durabilidad y expansión en el mundo, pero hoy se hace especialmente necesaria en la hermana nación mexicana.

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