Opinión

EDITORIAL

¿Matar al mensajero?

Actualizado el 13 de noviembre de 2014 a las 12:00 am

No hay razones válidas para que el Poder Judicial anulara un contrato para analizar su fondo de pensiones

La forma en que se procedió genera gran inquietud e interrogantes sobre las razones sustantivas

Opinión

¿Matar al mensajero?

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

El Poder Judicial ha tomado una decisión inquietante y desacertada, al anular la contratación hecha en marzo pasado con la reconocida firma Melinsky, Pellegrinelli y Asociados, para evaluar la situación financiera del generoso fondo de pensiones que disfrutan sus empleados.

La razón alegada es que dicha empresa, afincada en Argentina, pero con una reconocida trayectoria en Costa Rica, no obtuvo autorización del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas para realizar el análisis que se le había encomendado. La agrupación adujo, y la Corte aceptó el alegato, que Melinsky solo cuenta con un permiso para brindar servicios actuariales a la Caja Costarricense de Seguro Social y que, por tanto, no podía ser seleccionada.

El argumento genera dudas razonables, en sí mismo y, sobre todo, como justificación para anular el contrato. En primer lugar, sorprende que, si había una necesidad de obtener el aval del mencionado Colegio, las autoridades responsables no realizaran el trámite con anterioridad, ni incluyeran esa autorización como uno de los requisitos para la contratación. Se trata de un descuido totalmente inexplicable en una entidad que, suponemos, tiene un conocimiento profundo de toda la normativa que regula los acuerdos entre partes. Esperamos que, por la gravedad del caso, y por los costos que generará, se establezcan las responsabilidades y sanciones respectivas.

Pero hay un segundo motivo de duda, aún más serio, sobre la cancelación del contrato: esa misma empresa realizó un trabajo similar para el Poder Judicial en el 2012, sin que fuera cuestionada previamente, y un informe del magistrado Fernando Castillo, emitido en agosto último, concluyó que la inscripción de Melinsky ante el colegio profesional no era un requisito del cartel de licitación.

A partir de lo anterior, es posible suponer que, en lo esencial, el motivo más importante para anular la contratación fue que las autoridades judiciales cedieron ante las presiones ejercidas por diez sindicatos de funcionarios de la entidad, opuestos a un examen riguroso de su sistema de pensiones, que muy posiblemente ahondaría en lo que reveló el análisis actuarial realizado hace dos años. En esa oportunidad, Melinsky concluyó que el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial será insolvente en el 2027, y que mantiene un déficit actuarial de ¢4 billones. Este serio problema, sobre el que ha alertado con insistencia la Superintendencia de Pensiones (Supén), es, a su vez, resultado de la insostenible largueza que caracteriza al sistema.

Al referirse al tema, el secretario general del Sindicato de la Judicatura, Jorge Luis Morales, obvió cualquier razón técnica para fundamentar su oposición. Dijo que “la firma Melinsky ha sido muy afín a la Superintendencia de Pensiones y esta dependencia tiene gran inclinación por favorecer a las operadoras privadas, en detrimento de los fondos solidarios”. Se trata de un cargo tan aventurado como carente de sustento; un simple intento de desprestigiar no solo a una empresa seria, sino a la autoridad máxima nacional que vela por la solidez de todos los regímenes y, por ende, por los derechos de sus afiliados. Además, Morales no tomó en cuenta que las operadoras privadas nada tienen que ver con el manejo de fondos solidarios, y que el de los empleados judiciales, si no experimenta reformas sustanciales, muy pronto perderá esa condición y será un fondo de privilegio con vida limitada. ¿Habrá pensado en las futuras generaciones de funcionarios?

Según la directora ejecutiva del Poder Judicial, el nuevo proceso de contratación ya fue activado, y se cuenta con el apoyo técnico de la Organización Internacional del Trabajo. Esta última afirmación genera sorpresa, por cuanto, hasta donde sabemos, los mandatos de la OIT están vinculados con los derechos laborales, no con la técnica actuarial.

Tan curioso cúmulo de argumentos para justificar la cancelación sugiere que, en lo esencial, estamos ante un caso en que se decidió “matar al mensajero” de manera preventiva; es decir, neutralizar la posibilidad de que una firma ya conocida por la seriedad y profundidad de su trabajo ahondara en las características y sostenibilidad del Fondo. Sobran, por desgracia, motivos de inquietud y de duda.

  • Comparta este artículo
Opinión

¿Matar al mensajero?

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

Ver comentarios
Regresar a la nota