EscucharEn la mentalidad chavista, la estrepitosa pérdida de unas elecciones celebradas con todo a su favor, salvo la voluntad popular, es tan solo un llamado a procurar otros medios para conservar el poder. Si la oposición ganó una amplia mayoría parlamentaria, los revolucionarios “bolivarianos” procedieron a instalar una asamblea paralela con la declarada intención de “reforzar el poder popular”, según declaraciones de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional cuyo nombramiento expira el 4 de enero.
El 15 de diciembre, a poco más de una semana de la derrota en las urnas, Cabello instaló la primera sesión del Parlamento Comunal Nacional, una entidad inexistente en la Constitución redactada por los propios chavistas. El presidente del Parlamento saliente no disimula la intención de contrarrestar el poder del nuevo Congreso “al servicio de la burguesía”.
Según Cabello, el Parlamento Comunal “permite al pueblo disponer de recursos, jefaturas, toma de decisiones, leyes y… disponer su forma de vida”. Las urnas no sirven para eso aunque estén amañadas a favor de un gobierno impopular que ni siquiera con esas ventajas logró conservar el poder legislativo.
“Siguen desconociendo la voluntad del Soberano: El diosdadomadurismo adelanta maniobras para despojar a la Asamblea Nacional de su impronta”, afirmó el jefe de la victoriosa Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba. El excandidato presidencial opositor Henrique Capriles también acusó al gobierno de “desconocer las competencias y funciones de la nueva Asamblea Nacional, que están establecidas en la Constitución”.
Las protestas también emanan de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, cuyo titular, el uruguayo Luis Almagro, se aparta de los paños tibios de su antecesor para exigir respeto a los derechos de la ciudadanía venezolana y advierte contra la alteración de la institucionalidad. Almagro ya había alzado la voz para denunciar la inhabilitación de importantes líderes de la oposición antes de los comicios y las desiguales condiciones impuestas a los contrincantes del chavismo.
Cabello emprendió el martes una desbocada carrera para asegurar la influencia de su partido antes de la primera sesión de la nueva Asamblea Nacional. El mismo día de la instalación del pretendido parlamento paralelo, los diputados chavistas nombraron defensora pública a Susana Barreiros, jueza que condenó al líder opositor Leopoldo López a más de 13 años de cárcel en un juicio espurio, denunciado por el propio fiscal de la causa, ahora en el exilio según el mandato de su conciencia.
Cabello, protagonista de recientes escándalos relacionados con el narcotráfico, también anunció la presentación de un proyecto de ley para impedir la destitución de Barreiros cuando se instale la Asamblea dominada por la Mesa de la Unidad Democrática, el 5 de enero.
La fecha de tan extraordinarios acontecimientos marcó la última sesión ordinaria del Congreso presidido por Cabello, pero su bancada impulsa la celebración de sesiones extraordinarias para concluir proyectos pendientes, en especial el nombramiento de 12 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
El propósito es evidente. A esos magistrados correspondería resolver objeciones a las leyes aprobadas por la nueva Asamblea Nacional y dirimir conflictos entre poderes. La obsecuencia del Tribunal Supremo de Justicia nombrado por el chavismo está de sobra demostrada por resoluciones que sonrojarían al jurista menos comprometido con los deberes de su profesión.
Si los deseos de Cabello se llegaran a materializar, los nuevos magistrados, en conjunto con el Poder Ejecutivo presidido por Nicolás Maduro, serían un formidable obstáculo para el legítimo ejercicio de las potestades de los diputados opositores. La lucha por la democracia y la institucionalidad en Venezuela apenas comienza.
