EscucharEl Ministerio de Hacienda presentó al país un conjunto de medidas encaminadas a equilibrar las finanzas públicas y cerrar el déficit fiscal. Ninguna de las propuestas es particularmente agradable y sería, con mucho, preferible una circunstancia que las hiciera innecesarias.
El Ministerio no las plantea como proyecto formal, sino como base para una discusión nacional sobre el problema más grave y urgente de la economía costarricense. El documento titulado En ruta hacia la consolidación fiscal: agenda para un diálogo nacional pretende poner sobre la mesa las opciones existentes para luego someterlas a análisis. No es un inventario caprichoso. Surge de una ronda de consultas con técnicos y otros expertos.
El capítulo dedicado a los recortes practicables en el gasto público ofrece posibilidades polémicas, como la renuncia a aumentar el gasto en educación al 8% del Producto Interno Bruto (PIB) y una profunda reforma a los disparadores del gasto insertos a lo largo de los años en la política salarial del Estado.
Aun así, el ahorro alcanzaría el 2,1% del PIB a medio plazo, menos de la mitad del déficit previsto de 5% en el 2013 y mucho menos de las cifras proyectadas para los años siguientes, si el país no encuentra una solución para equilibrar los ingresos y gastos.
Hecho el mejor esfuerzo de ahorro, el faltante solo puede ser zanjado con nuevos impuestos. El documento plantea, entre las posibilidades, la creación de un Impuesto al Valor Agregado (IVA) para sustituir el impuesto de ventas. La medida, ya muy tardía, mejoraría el control de la evasión y solo por esa vía contribuiría a incrementar los ingresos, sin contar la posibilidad de aumentar el porcentaje del tributo.
Para darle sentido al IVA en su función de mecanismo de combate a la evasión, es necesario impedir la ruptura de la cadena de adquisiciones y ventas del producto gravado. Por eso es importante evitar las exoneraciones, lo cual plantea la necesidad de incluir entre los productos sujetos al impuesto algunos bienes y servicios tradicionalmente exonerados, entre ellos la educación y los artículos de la canasta básica.
En esos casos, más que el ingreso por el gravamen, importa preservar la integridad del IVA como mecanismo de fiscalización. El objetivo no podrá conseguirse sin polémica, y lo mismo podría decirse de prácticamente todas las iniciativas propuestas para la discusión nacional.
El ministro de Hacienda, Edgar Ayales, lo sabe. No podría ignorarlo, no solo en vista del reciente historial de fallidas reformas tributarias, sino, también, por puro sentido común. Ayales es un técnico de reconocido prestigio internacional. Nada le impide, con el currículum enriquecido por el ejercicio en el Ministerio de Hacienda, regresar a la burocracia internacional de donde salió para aceptar el cargo en el gabinete. Su disposición a pagar el inevitable precio político de comunicarle al país verdades amargas, cuya mención muchos evaden, testimonia un sentido del deber y un patriotismo poco comunes.
Es preciso reconocérselo para iniciar un diálogo responsable y de buena fe en torno a problemas tan acuciantes. El constante –y en el futuro creciente– déficit fiscal tendrá, tarde o temprano, solución. Si el país no lo resuelve con los ajustes necesarios en la estructura de ingresos y gastos, se resolverá solo, con inflación, altas tasas de interés, caída de la producción, desempleo y otros males.
Las enfermedades graves se resuelven con la cura o con la muerte, y la primera casi siempre implica la aceptación de remedios pocas veces agradables.
Costa Rica está a tiempo de someterse a la cura. Cuanto antes, mejor.
