Opinión

EDITORIAL

Limón como prioridad

Actualizado el 24 de mayo de 2014 a las 12:00 am

Las dificultades para encontrar jueces dispuestos a servir en Limón son una señal de alarma sobre el terreno ganado por la delincuencia en la zona

La solución no descansa exclusivamente sobre los hombros del Poder Judicial y los cuerpos policiales

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Las causas por narcotráfico y crimen organizado espantan a los candidatos a ocupar plazas en la judicatura de Limón. La Corte Suprema de Justicia admite la dificultad para hacer nombramientos que serían muy disputados, si los ofrecieran en otras regiones del país. Juzgar a los involucrados en ese tipo de delitos implica riesgos especialmente graves en la provincia del Atlántico.

Las dificultades para encontrar jueces son una señal de alarma más sobre el terreno ganado por la delincuencia en la zona. Los escándalos de corrupción en la judicatura provincial, casi siempre ligados a causas por narcotráfico, refuerzan la preocupación. Los dos elementos, el miedo y la ganancia ilícita, pueden interrelacionarse con facilidad para hacer de la administración de justicia una función especialmente vulnerable allí donde su integridad es más necesaria. Si un juez con miedo recibe, además, una oferta tentadora, la consumación del desvío de sus deberes es mucho más probable.

La extensión e influencia de la criminalidad en Limón exige una judicatura de primera. La honradez y el compromiso con la administración de justicia no bastan. También es indispensable la pericia, pero, si el temor reduce la oferta, las posibilidades de nombrar jueces bien preparados disminuyen.

Las declaraciones de los dos máximos representantes del Poder Judicial llevan implícito el reconocimiento de este otro ángulo del problema. Zarela Villanueva y José Manuel Arroyo, presidenta y vicepresidente de la Corte, enfatizan la necesidad de crear incentivos “para mejorar la calidad del personal que ofrece trabajar”, dice el vicepresidente, y para “crear estabilidad en el puesto y lograr que la gente participe y permanezca”, afirma la magistrada Villanueva.

Según la presidenta, la Corte se ve obligada a ampliar las ternas con candidatos de menor perfil porque nadie participa en los concursos y es preciso llenar las plazas. El Departamento de Personal del Poder Judicial está en proceso de elaborar una propuesta de incentivos que, en palabras del magistrado Arroyo, debe ser “sustancial”. Al mismo tiempo, al calor de la detención de una jueza en Limón, la Corte constituyó una comisión de alto nivel para investigar la penetración del narcotráfico en la administración de justicia.

Son iniciativas encomiables, pero la lucha contra la criminalidad en Limón no se agota en los esfuerzos de que sea capaz el Poder Judicial, incluyendo la importantísima contribución de la Policía a su cargo. El Ministerio de Seguridad Pública debe contemplar a la región del Atlántico entre sus prioridades, revisar las experiencias tenidas hasta la fecha, hacer lo posible para mejorarlas y poner manos a la obra con constancia.

El narcotráfico causa el 70% de los homicidios en la zona y, en el 2010, la identificación y encarcelamiento de sicarios y traficantes contribuyó a disminuir dramáticamente el número de asesinatos. También probaron su eficacia los grandes operativos que inundaron la provincia de vigilantes. Sin embargo, esas iniciativas carecieron de la perseverancia necesaria para mantener los resultados a largo plazo y casi siempre respondieron a picos injustificables de actividad criminal. El problema no se resuelve con espasmódicas reacciones a coyunturales reclamos de la opinión pública.

La solución tampoco descansa exclusivamente sobre los hombros del Poder Judicial y los cuerpos policiales. En la provincia y en las sedes del Gobierno, es preciso renovar esfuerzos a favor del desarrollo económico. Los estrechos intereses sindicales y comerciales que frenan la inversión, fomentan el statu quo y ponen los beneficios sectoriales por encima de los del país y la provincia deben ser derrotados, como también la burocracia incapaz de ejecutar iniciativas de desarrollo como el proyecto Limón Ciudad Puerto, cuya promesa a la zona ha tardado demasiado en materializarse. El presidente, Luis Guillermo Solís, orgulloso de su ascendencia afrocaribeña, haría bien en dirigir a la zona un especial empeño.

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