| EDITORIAL

Limitado aporte de “Polsepaz”

El plan de seguridad ciudadana está ayuno de innovaciones y depende en demasía de la aprobación de nuevos impuestos

Las primeras reacciones de los funcionarios involucrados son reveladoras de todo menos entusiasmo

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Las principales novedades del plan de seguridad ciudadana prometido por el Gobierno son el nombre y la sorprendente confesión de que sin paquete fiscal no hay plan o deberemos conformarnos con sus vestigios. El nombre, “Polsepaz”, no alcanza la resonancia acostumbrada en este tipo de iniciativas y se disuelve en el aire al pronunciarlo, sin posibilidad alguna de permanecer en la memoria. Va a ser difícil mercadearlo, pero ese es un problema del Gobierno. El problema del país es la falta de innovaciones concretas y la imprevisión de un curso por seguir si la Asamblea Legislativa se niega a aprobar nuevos impuestos.

En este espacio hemos abogado por dar a la nueva administración el tiempo necesario para diseñar sus planes y elogiamos la intención de hacerlo con la pausa y estudio necesarios para producir un planteamiento innovador e integral. Lo hicimos al inicio del Gobierno y de nuevo a los cien días, cuando el plazo establecido por la propia administración transcurrió sin resultados. Pasó la fecha de diciembre y fue necesario esperar hasta el 14 de febrero. Ese día vencieron todos plazos cuando la presidenta Laura Chinchilla anunció Polsepaz. Este es el producto prometido y nada más cabe esperar.

En estas páginas apoyamos, también, la creación de nuevos tributos para financiar las castigadas arcas del Estado, incluyendo las necesidades específicas de la seguridad ciudadana, pero el vínculo establecido entre el plan de impuestos y las acciones por emprender en materia tan urgente no puede conducir a la parálisis o servir de excusa ante el apremiante reclamo de la ciudadanía. Es más lo que se puede hacer con mejor financiamiento, no hay duda, pero el Gobierno tiene la responsabilidad de trazar un curso de acción en caso de que fracasen sus iniciativas tributarias. Por lo visto, si hay nuevos ingresos, habrá inversión en más de lo mismo. Si no, habrá la posibilidad de echar la culpa a la inacción de la Asamblea Legislativa.

Las declaraciones de los presidentes del Congreso y la Corte Suprema de Justicia son reveladoras de todo menos entusiasmo. Para don Luis Gerardo Villanueva, el plan “es una declaración de intenciones que hay que plasmar”, y para don Luis Paulino Mora, “lo nuevo es contar con la experiencia del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)”.

La Presidenta propone la adopción del plan como política de Estado para los próximos diez años. En eso lleva razón, porque el diseño de políticas con semejante alcance y carácter es una sentida omisión en diversas áreas del quehacer nacional. Pero el inespecífico contenido del plan crea dudas sobre su idoneidad para cumplir una función previsora.

La seguridad ciudadana, por otra parte, tiene también plazos de urgencia y Polsepaz dice poco al respecto. La mandataria, por ejemplo, señaló que el documento presentado el lunes “no es un mero diagnóstico más con sus respectivas recomendaciones. Es un instrumento para la toma de decisiones en materia de seguridad que se construyó con un diálogo inédito”. A estas fechas, pasados los cien días, la ampliación del plazo a diciembre y anunciado el plan en febrero, habría sido bueno escuchar de la Presidenta –acto seguido del elogio a la arquitectura conceptual del plan– el anuncio de las primeras decisiones de él derivadas. ¿Faltarán otros cien días?

La reacción inicial del ministro de Seguridad Pública, José María Tijerino, también trasluce el limitado aporte del documento. “Hay plena coincidencia con los planes que tenemos. Este plan nos da mayor apoyo. Nos confirma que estábamos en lo cierto cuando visualizamos el problema”. Había, pues, conocimiento previo de los desafíos y las soluciones. A la luz de las declaraciones del Ministro, Polsepaz cumple la modesta función de reafirmar la primigenia comprensión del problema. Cabe, entonces, preguntar por las acciones emprendidas en nueve meses de gobierno a la luz de lo ya sabido y ahora confirmado.

No cejaremos en el propósito de abogar por la creación de nuevas fuentes de financiamiento para las arcas del Estado, incluyendo la austeridad en el gasto y una sensata reforma tributaria, pero en materia de seguridad ciudadana la administración está obligada a jugar con la mano barajada por el destino cuando se sentó a la mesa que le dejaron servida.

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