Opinión

EDITORIAL

Limitaciones del reciclaje

Actualizado el 11 de junio de 2013 a las 12:00 am

Los resultados palpables son el mejor estímulo para la incorporación de más hogares al esfuerzo de reciclar.

La ley exige recolectar desechos útiles en los domicilios, pero las municipalidades se limitan a promover campañas en los parques y otros espacios públicos.

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La sociedad civil va muy adelante del Estado en la práctica del reciclaje. Según datos del censo del 2011, el 40% de los hogares separa vidrios, plásticos y aluminio de otros desechos con la intención de reciclarlos. Ese esfuerzo y los buenos propósitos no siempre son correspondidos por las municipalidades encargadas de la recolección y tratamiento de los desechos. Solo la mitad de ellas cuenta con programas de recolección especializados y aun en esos casos la regularidad del servicio no es óptima.

El desencuentro entre la actitud favorable de la población y las políticas oficiales tiene consecuencias graves. Los resultados palpables son el mejor estímulo para la incorporación de más hogares al esfuerzo y la falta de eficacia es un seguro desincentivo para las familias comprometidas con las buenas prácticas.

Las municipalidades alegan falta de presupuesto, morosidad, razones burocráticas y, de manera contradictoria, falta de educación de la gente.

Los costarricenses no pueden ser educados en materia de reciclaje si el esfuerzo de separar los materiales útiles se ve posteriormente traicionado por la reunión de todos los desechos para disponer de ellos en los rellenos sanitarios o, peor aun, en los mal dispuestos botaderos existentes en buena parte del territorio nacional.

La ley exige la recolección diferenciada en los domicilios, pero la mayoría de las municipalidades se limita a promover campañas de reciclaje en los parques y otros espacios públicos. La periodicidad de esas campañas y la necesidad de desplazarse hasta los sitios designados resta fuerza al empeño. Los ciudadanos hacen el esfuerzo de separar los desechos útiles y, luego, se les pide el empeño adicional de acarrearlos a centros de acopio cuya apertura ni siquiera se programa de manera regular.

En el proceso no solo se pierden materiales útiles, sino también la oportunidad de promover la educación echada de menos por las municipalidades que atribuyen la inexistencia de buenos programas de reciclaje a la mala formación ciudadana. El servicio debe estar disponible antes de enseñar a la gente a utilizarlo. Mucha conciencia cívica y ambiental hay en el país si, en estas condiciones, el 40% de los hogares hacen el intento de reciclar.

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El atraso de la respuesta estatal no es exclusivo de cantones remotos y empobrecidos. Las cabeceras de provincia de Alajuela, Cartago, Heredia y Puntarenas están entre los 40 municipios ayunos de un programa de reciclaje. A pesar de eso, unas 68.000 familias residentes en esos cantones separan los desechos útiles de la basura propiamente dicha. Como no hay recolección diferenciada a domicilio, se espera de ellas, además, el acarreo hasta centros de acopio abiertos de vez en cuando.

El proceso tiene tres etapas: separar el vidrio, plástico y aluminio del resto de la basura, almacenarlos en espera del anuncio de una campaña municipal y, por último, acarrearlos hasta el centro de recolección designado. Quienes lo cumplan merecen reconocimiento, pero en esas prácticas no están las bases de un programa de reciclaje exitoso y generalizado.

En consecuencia, las municipalidades apenas logran reciclar un 2% de los desechos recolectados, de los cuales poco más de dos terceras partes son producto del acopio en los hogares y el resto proviene del esfuerzo de ciudadanos que acuden a ocasionales llamados de sus gobiernos locales para trasladar desecho útiles a improvisados centros de acopio. Las empresas y personas dedicadas a esa actividad muestran mejores resultados. Aunque no hay una cifra exacta, diversos estudios les atribuyen la recolección de entre el 10% y el 20% de los desechos.

A muchos gobiernos locales no les falta razón cuando argumentan la escasez de recursos para hacer frente a las exigencias de la Ley para la Gestión Integral de Residuos. Las carencias no se resuelven con un texto legal. Es preciso estudiar las necesidades y oportunidades para dar apoyo e impulso a programas permanentes y eficaces.

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