Opinión

EDITORIAL

Ligereza y demagogia

Actualizado el 16 de mayo de 2013 a las 12:00 am

En pocas áreas del quehacer nacional es tan notable el efecto de la demagogia como en materia de pensiones.

Hace apenas año y medio, el Congreso estuvo a punto de rebajar la edad de jubilación a 57 años, cuando el país más bien debió considerar la posibilidad de aumentarla.

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En Costa Rica, la gente vive más tiempo, se jubila temprano –muchas veces con los mismos beneficios concedidos a quienes esperan hasta los 65 años– y la cantidad de pensionados aumenta a mayor ritmo que los cotizantes. En tan solo 37 años, casi la tercera parte de la población será mayor de 60.

El Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social debe pagar beneficios durante periodos más prolongados y diversos mecanismos impiden conservar la proporcionalidad entre las pensiones y las cotizaciones de los beneficiarios.

Según la Superintendencia de Pensiones (Supén), los aportes del trabajador promedio suman ¢23,9 millones a lo largo de la vida laboral, pero eso solo alcanza para sufragar el 58,4% del beneficio durante los años de jubilación, extendidos por la actual expectativa de vida.

Todavía más grave es la desproporción entre las cotizaciones y los beneficios de los trabajadores independientes, afiliados al régimen con contribuciones mucho más modestas. El desequilibrio pudo haberse percibido hace muchos años pero, en el 2005, las condiciones más bien se agravaron cuando se reformó la normativa para permitir la jubilación anticipada.

Quien se acoge a la pensión antes de los 65 años, pierde el 1,75% del beneficio por cada trimestre de adelanto, pero la pensión no puede ser inferior al mínimo establecido en ¢120.000. En consecuencia, muchos trabajadores no pierden nada al jubilarse por adelantado, pues de todas formas recibirían el mínimo al cumplir 65 años.

Luego de la reforma del 2005, 9.484 personas se acogieron al sistema cuando llegaron a los 60 años y el IVM les ha pagado ¢60.000 millones. Ese costo no contempla los cinco años de cotizaciones no percibidas. La Caja por fin admite la necesidad de cerrar la oportunidad abierta en el 2005, pero nada podrá hacer frente a quienes consigan pensionarse ante de la enmienda. Deberá seguirles pagando por el resto de sus vidas.

En pocas áreas del quehacer nacional es tan notable el efecto de la demagogia como en materia de pensiones. La ampliación de beneficios se hizo sin ton ni son y, ahora, la rectificación se hace esperar por temor al costo político. Eliminar futuras pensiones anticipadas no es tan polémico como otras medidas puestas sobre la mesa, entre las cuales se cuentan el aumento de la edad de retiro y el ajuste de las cotizaciones.

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Sin embargo, hace apenas año y medio el Congreso estuvo a punto de aprobar un proyecto del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE) para rebajar aún más la edad de jubilación. La iniciativa permitía el retiro a los 57 años con solo adelantar el pago de 60 cuotas. Para estimular la adquisición del beneficio, la ley incitaba a las operadoras de pensiones a facilitar el pago adelantado. También permitía aplicar el ahorro acumulado en el Fondo de Capitalización Laboral (FCL). En el caso de los funcionarios públicos, autorizaba al Estado a adelantar las 60 cuotas cuando la jubilación anticipada respondiera a necesidades de “reestructuración institucional”.

El diseño implicaba la extensión del disfrute de la jubilación, la pérdida de cotizantes, el aumento de beneficiarios y amplias posibilidades de abusos financiados por el Estado. Todo eso mientras surgían señales inequívocas de que el rancho del IVM está en llamas. El caso ilustra la alegría con que políticos, sindicatos y otros grupos de presión han manejado la concesión y preservación de incosteables beneficios.

En los años 90, el país ya había encarado una primera crisis en la materia cuando se vio obligado a restringir el acceso y los beneficios de los regímenes especiales con cargo al presupuesto nacional. Las pensiones de escándalo y los portillos abiertos al abuso fueron en ese momento pan de cada día y nadie supo explicar cómo llegaron a establecerse los privilegios insostenibles. Ayer como hoy no existen justificaciones técnicas o actuariales, sino la ligereza y los impulsos demagógicos.

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