Opinión

EDITORIAL

Libertad de expresión en el púlpito

Actualizado el 08 de mayo de 2010 a las 12:00 am

El TSE condenó el llamado del obispo de Cartago, José Francisco Ulloa, a no votar por candidatos opuestos a los principiosde la Iglesia

Eliminado el residuo histórico del Estado confesional, poco sustento quedaría para la anacrónica limitación a la libre expresión del clero

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El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) condena el llamado del obispo de Cartago, José Francisco Ulloa, a no votar por candidatos opuestos a los principios de la Iglesia Católica. En la resolución “Se ordena al recurrido que, en lo sucesivo, deberá abstenerse de hacer llamados a no votar por candidatos o candidatas que, a su juicio, no compartan los valores de la fe católica” y se le condena al pago de las costas, daños y perjuicios.

La homilía pronunciada por Ulloa el 6 de setiembre del 2009, parece contrapuesta al último párrafo del artículo 28 de la Constitución Política: “No se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas.”

El precepto es una excepción al párrafo primero del mismo artículo: “Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley.” La pregunta es si la excepción todavía se justifica.

En perspectiva histórica, son obvias las razones que un día motivaron a los legisladores de todo el mundo para limitar la libertad de expresión del clero y prohibirle intervenir en política electoral, invocando motivos de religión o creencias religiosas. La gran reforma liberal de la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX fue una lucha épica contra el poder terrenal de la Iglesia y su indebida gravitación sobre los asuntos de Estado.

Por otra parte, la limitación constitucional no impide a los religiosos (o seglares) expresarse libremente sobre temas de actualidad política. Solo atañe a la invocación de creencias religiosas como medio para hacer propaganda, cuya definición incluye, según la jurisprudencia del TSE, “'cualquier actividad específicamente orientada a incidir en el comportamiento electoral de los ciudadanos.” Así planteada, la categoría es demasiado amplia. Por eso, el TSE adicionó un segundo elemento distintivo, por lo menos en el caso de la Internet. Amén de la voluntad de influir en la decisión electoral, la propaganda se difunde “(') mediante un mecanismo de intromisión deliberada del mensaje en la esfera personal del receptor, de suerte tal que este acceda a ese mensaje sin haberlo deseado con antelación.” Surge, pues, una segunda interrogante: ¿Es la excitativa de Ulloa, expresada en términos tan generales, un acto de propaganda?

La respuesta a la primera pregunta pasa por reconocer que el conflicto histórico quedó zanjado y los principios del movimiento reformador están firmemente enraizados. Subsiste en Costa Rica una distorsión, la del artículo 75 de la Constitución Política, que declara a la Católica, Apostólica y Romana religión del Estado. Mientras esa norma esté vigente, la Iglesia goza de una distinción de escasa relevancia práctica, pero capaz de crear confusión sobre su naturaleza frente a los poderes del Estado y de ser utilizada para discriminar contra otros credos organizados en su relación con los entes públicos. Eliminado el residuo histórico del artículo 75, poco sustento queda para el segundo anacronismo, que es la prohibición del artículo 28.

El artículo 75 puede ser el motivo de tanta atención prestada a las opiniones de la Iglesia Católica y tan poca a la abierta participación política de otros grupos cristianos, cuya invocación de motivos religiosos es un fenómeno cotidiano. Los candidatos de esos grupos se describen a sí mismos como “pastores” y son, indiscutiblemente, ministros religiosos. Nivelado el terreno, el trato debería ser igual. Pero la igualdad no debería ser en restricción, sino en apertura.

En cuanto a la segunda interrogante, sobre la caracterización de la homilía como propaganda, es posible que monseñor Ulloa haya sido víctima de un celo excesivo, con grave menoscabo de su libertad de expresión. Aun en el marco de la normativa constitucional vigente, es cuestionable el carácter propagandístico de sus afirmaciones. Nadie fue obligado a presenciar la homilía del obispo Ulloa y nadie está obligado a actuar en consecuencia. La Constitución limita la libertad de expresión de Ulloa, pero no debemos perder de vista que esa limitación también pesa sobre los fieles, impedidos de procurar el mensaje del Obispo.

La Iglesia y sus miembros individuales deben estar en libertad de pronunciarse como prefieran sobre los temas políticos y aun electorales. Los fieles, por su parte, deben tener la facultad de procurar el mensaje eclesiástico según les convenga, así como lo hacen los usuarios de Internet.

Y todos, por supuesto, debemos ejercer, sin miedo, nuestro derecho a discrepar públicamente de cualquier grupo religioso.

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