Opinión

EDITORIAL

Liberalización del arroz

Actualizado el 28 de octubre de 2013 a las 12:00 am

La liberalización de ese grano esencial y, en general, de otros alimentos básicos responde a requerimientos de la Organización Mundial del Comercio

Importantes empresarios del arroz reconocieron estar haciendo millonarias inversiones para mejorar sus procesos y competir más eficientemente

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Liberalización del arroz

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Los consumidores costarricenses parecen estar ganando la batalla en el arduo proceso de liberalización del arroz, impulsado conjuntamente por los ministerios de Agricultura y Ganadería (MAG) y de Comercio Exterior (MEIC). Los primeros resultados positivos ya están a la vista, aunque los mejores están por venir.

La política de liberalización de ese grano esencial y, en general, de otros alimentos básicos se enmarca en las medidas adoptadas por muchos Gobiernos en respuesta a los requerimientos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que durante varios períodos ha solicitado al país liberalizar la importación de esos productos, y, también, en los procesos de liberalización contemplados en los tratados de libre comercio suscritos por Costa Rica, particularmente con los Estados Unidos, los países centroamericanos y la República Dominicana.

En este último se contempla una reducción gradual de los aranceles de importación para el arroz pilado (sin granza), actualmente establecidos en un 35% sobre el valor CIF del arroz, hasta llevarlos a un nivel mínimo en el 2016, un periodo suficientemente amplio para lograr la reconversión y mejoramiento de nuestros procesos agrícolas e industriales. El objetivo es muy claro: llevar los productos nacionales e importados a los consumidores finales al menor precio posible. El primer tracto de la reducción arancelaria tendrá lugar precisamente en marzo del próximo año, al igual que la liberalización de precios contemplada por el MEIC.

¿Cuál ha sido la reacción de los industriales del arroz? En el pasado unían sus esfuerzos con los productores, principalmente los más grandes, para oponerse a cualquier proceso de liberalización que implicara competir internamente con productos similares del exterior. Y en muchas oportunidades lo lograron. Pero esta vez es diferente. No solo han percibido mayor determinación de los ministerios mencionados, sino que saben perfectamente que la liberalización prevista en los tratados tiene fuerza legal, aun superior a una ley ordinaria, según la Constitución Política. Si la cosa va en serio, la reacción de los industriales ha sido la más inteligente en esta situación: prepararse para enfrentar la competencia de la mejor forma posible.

Según informamos la semana pasada, empresarios importantes e influyentes en el sector arrocero reconocieron estar haciendo millonarias inversiones para mejorar sus procesos y competir más eficientemente. Once industrias dedicaron en el último año $14 millones a la reconversión; diez industrias arroceras invirtieron cerca de $10 millones en el último año para mejorar plantas y procesos, y prepararse para competir en un mercado con más importaciones y precio liberalizado. La Corporación Arrocera Costa Rica asignó $4 millones para el mismo fin, consistente en desarrollar y renovar sus operaciones. Son inversiones nada despreciables.

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El MAG, al igual que el MEIC, deberá enfrentar el problema de los productores más pequeños y, en algunos casos, menos eficientes, que no podrán alcanzar las economías de escala de los grandes productores. Sus respuestas deberán, también, ser inteligentes, pensando siempre que el interés público está en las grandes mayorías de consumidores. Tendrán que seguir prestando asistencia técnica para mejorar su eficiencia y productividad, y velar por que la banca de desarrollo y los bancos comerciales los financien –o los sigan financiando– en términos y condiciones que les permitan competir. Pero, si al final del análisis, resulta que no pueden competir, conviene reorientarlos para emprender otras actividades más competitivas. Sería parte del proceso de reconversión productiva del país.

Incrementar la productividad en este y todos los demás sectores son las palabras claves para competir en el ámbito internacional. La competencia en este campo, al igual que en muchos otros, es la madre de la ciencia, agregamos nosotros. La libre concurrencia induce, a medio y largo plazo, a una mejor asignación de los escasos recursos productivos, a mejorar la calidad, empaque y presentación de los productos y –lo más importante– a reducir los precios de venta al consumidor. Los consumidores son la totalidad de la población, cercana a los cinco millones de personas, incluyendo los que se ubican transitoriamente en el país.

Los beneficios de reducir permanentemente los precios de un grano tan esencial como el arroz van más allá. Afecta positivamente el costo de la canasta básica y, desde ese punto de vista, no solo alivia los bolsillos de muchos costarricenses, sino que, además, permite aliviar los índices de pobreza, definidos como una línea de ingresos insuficiente para adquirir el costo de esa canasta básica (ampliada). Y, si se extendieran los beneficios de la liberalización a otros bienes esenciales, también protegidos de la sana competencia, los beneficios económicos y sociales, incluyendo eficiencia, productividad y pobreza, serían aún mayores. Y también contribuirían en algo a mejorar la distribución.

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