EDITORIAL

Ley de Garantías Mobiliarias

Una nueva ley permitiría el otorgamiento de crédito con ciertas garantías mobiliarias, en vez de las tradicionales hipotecas, cédulas hipotecarias y prendas

Los componentes del proyecto hasta ahora difundidos van orientados en una buena y moderna dirección, y cuentan con valioso asesoramiento internacional

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Un novedoso proyecto de ley será presentado próximamente por la Presidencia ante la Asamblea Legislativa para permitir el otorgamiento de crédito con ciertas garantías mobiliarias, en vez de las tradicionales hipotecas, cédulas hipotecarias y prendas sobre vehículos y maquinaria. La iniciativa merece desde ahora el apoyo de los sectores productivos y, desde luego, de todas las fracciones legislativas. Pero es importante señalar ciertas precauciones.

El proyecto fue elaborado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) con el asesoramiento directo de entidades internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco Mundial; además, contó con la participación activa de organismos crediticios nacionales, incluida la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).

Se basa en la Ley Interamericana de Garantías Mobiliarias, una ley marco elaborada en el seno de la OEA por expertos jurídicos y financieros de gran prestigio, lo cual le imprime seriedad profesional al articulado y ayuda a disipar ciertas dudas sobre una eventual complacencia política o legislativa con los deudores potenciales, habida cuenta de que va dirigido especialmente a las pequeñas y micro empresas y a usuarios que tradicionalmente no cuentan con suficientes garantías para ser sujetos de crédito en la banca comercial.

El proyecto permite el establecimiento de garantías sobre bienes muebles tangibles e intangibles, incluidos los inventarios de las empresas o personas con actividades lucrativas, al igual que la titularización de los flujos de caja, contratos, marcas y propiedad intelectual, considerados estos últimos como activos intangibles, y abre un abanico de posibilidades de financiamiento con garantías que van más allá de las tradicionales hipotecas.

Aunque todavía no se ha presentado el proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa, han trascendido ciertas características que lo hacen atractivo.

En primer lugar, es una iniciativa moderna, en línea con nuevas tendencias internacionales para agilizar y democratizar el crédito, tal y como lo reconoció el Lic. Eduardo Ramírez, director jurídico del Banco de Costa Rica: “crea un marco legal que no existe actualmente en Costa Rica para permitir esas garantías, por lo que el sistema financiero lo ve con optimismo e interés pues facilitaría a las empresas el acceso al crédito”. Viene a llenar, entonces, una laguna en nuestro sistema jurídico-bancario que data ya de muchos años.

Muy relacionado con lo anterior, el proyecto proporcionaría transparencia al establecer claramente el orden de prelación de las garantías a partir del momento en que se inscriben en el correspondiente registro nacional. Habría publicidad y seguridad jurídica para las partes. Se ha adelantado, también, que los costos involucrados en la concesión e inscripción de garantías mobiliarias serían más reducidos que los correspondientes a las garantías tradicionales, lo cual no solo vendría a abaratar sino a agilizar el crédito, ampliar el acceso a mucho más deudores y contribuiría, por ende, a incrementar la producción nacional y la generación de fuentes de empleo dependiente e independiente. Además, se contemplan procesos de liquidación rápida en procesos fuera de los engorrosos trámites judiciales.

Todo lo anterior motiva varias reflexiones finales. Los componentes del proyecto hasta ahora difundidos van orientados en una buena y moderna dirección, y cuentan con valioso asesoramiento internacional. Por esa razón, los diputados deben ser sumamente cuidadosos a la hora de tramitarlo, tanto en comisión como en plenario, para no caer en la tentación de contaminarlo con posiciones populistas, sobre todo en este periodo preelectoral, ni diluir las garantías de efectivo cumplimiento. Deben recordar que hasta el superintendente general de Entidades Financieras, Javier Cascante, le dio el visto bueno, según trascendió en este periódico la semana pasada. Por ese motivo, a la jerarca del MEIC, Mayi Antillón, le conviene monitorear muy de cerca el proceso legislativo para evitar cualquier desviación inconveniente. Esperamos que lo haga. Y, la segunda, es que muchos de los cambios reseñados deberían incorporarse a la legislación común no solo para aligerar trámites y procedimientos, sino también para reducir costos injustificados de las hipotecas comunes, incluidos timbres, derechos de registro y los consabidos honorarios de notario, indebidamente protegidos por el Colegio de Abogados.

El país se beneficiaria de estos y otros cambios.

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Noticia La Nación: Ley de Garantías Mobiliarias