Opinión

EDITORIAL

Lentitud desesperante

Actualizado el 24 de julio de 2013 a las 12:00 am

La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), rechazó la directriz de la presidenta Laura Chinchilla para extender la Internet a todas las escuelas y colegios

Medida por sus resultados, la gestión de Sutel es indiscutiblemente deficiente. El costo para el país es alto y a la rectificación no se le deben dar más largas

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La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), rechazó la directriz de la presidenta Laura Chinchilla para encargar al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) la tarea de extender el servicio de Internet a todas las escuelas y colegios del país. Alega la necesidad de adquirir equipos, prever su mantenimiento, desarrollar los programas educativos y capacitar a los docentes. También objeta la falta de información precisa sobre el número y ubicación de los centros educativos conectados a Internet y el ancho de bandas en ellos disponible.

Por otra parte, la Superintendencia invoca su autonomía para la asignación de los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) e insiste en la conveniencia de no ejecutar un magno proyecto a cargo del ICE, sino iniciativas individuales, adjudicadas mediante concurso público para ser más eficientes, neutralmente competitivos y no discriminatorios.

Tantos buenos propósitos se estrellan contra una dura realidad. Si la presidenta de la República emitió la directriz en abril, es porque los $260 millones acumulados en Fonatel permanecen ociosos, la mayor parte de ellos desde hace más de dos años, cuando las empresas privadas de telefonía móvil pagaron $170 millones por la concesión de sus frecuencias.

Dos años antes de la directriz, el Gobierno, por boca del vicepresidente Luis Liberman, ya había formulado una excitativa pública a la Sutel para acelerar la inversión del dinero. La urgencia no es poca. Cada año, una nueva promoción de estudiantes se gradúa de los colegios públicos sin haber tenido acceso a la formación con las nuevas tecnologías.

Sin embargo, la ejecutoria ha sido desesperantemente lenta. El viceministro de Telecomunicaciones Rowland Espinoza la resume así: “La Sutel se llevó un año para constituir in fideicomiso, un año para constituir un equipo de trabajo y para que la empresa de consultoría privada administre los fondos. Eso no se vale”.

El Gobierno no está solo en el clamor por la celeridad. La exigencia viene de diversos sectores y ahora se le suma la Defensoría de los Habitantes, que denuncia la incapacidad de Sutel para cumplir la tarea encomendada por la Ley General de Telecomunicaciones y hasta sugiere la posibilidad de reformar la ley.

La Sala Constitucional también tiene establecido que, en el contexto de la sociedad de la información, “se impone a los poderes públicos, en beneficio de los administrados, promover y garantizar, en forma universal, el acceso a estas nuevas tecnologías”.

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En este caso, no vale la habitual excusa de la falta de recursos. Los $260 millones ya están en las arcas públicas y en el futuro habrá un ingreso constante por el porcentaje de contribución impuesto a los operadores de servicios de telecomunicaciones, calculado sobre sus ingresos brutos. También yace en espera de utilización óptima la cuantiosa inversión nacional en fibra óptica.

Si ese es el inventario parcial de los recursos, el de las necesidades apenas hace falta enumerarlo.

El 5% de los centros educativos carece de conexión a la Internet pero, del 95% restante, solo el 10% cuenta con velocidades superiores a dos megabites por segundo. En muchos centros educativos, la velocidad no supera 256 kilobites por segundo y las máquinas conectadas a Internet son de acceso restringido.

En esas condiciones, es muy poco lo que se puede hacer para dar una formación mínima a los estudiantes. Cuando mucho, las máquinas sirven para fines administrativos.

El contraste entre recursos disponibles y necesidades insatisfechas justifica la impaciencia, especialmente cuando, a estas alturas, hay tan pocas señales de movimiento. Medida por sus resultados, la gestión de Sutel es indiscutiblemente deficiente. El costo para el país es alto y a la rectificación no se le deben dar más largas.

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