Opinión

EDITORIAL

Lenta transición digital

Actualizado el 26 de julio de 2013 a las 12:00 am

El país se encuentra lejos de haber llegado a la mitad de un proceso de cambio que se inició en el 2008

La innovación digital es la más importante en la historia de la televisión desde la introducción del color

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El exhaustivo Informe sobre el Proyecto de Transición a la Radiodifusión Digital, que preparó la Contraloría General de la República, no debe caer en saco roto si Costa Rica pretende alcanzar de forma exitosa el “apagón” analógico. Si bien el documento hace alusión tanto a cuestiones de fondo como a problemas técnicos, que deberán resolverse, sobre todo es una llamada de atención al hecho de que el país se encuentra lejos de haber llegado a la mitad de un proceso que se inició en el 2008, con la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones, y que debería culminar en el 2017, según la meta inicial de la administración Chinchilla.

El viceministro de Telecomunicaciones, Rowland Espinosa, ya anunció que es posible que la fecha se posponga, como hizo Brasil. Esta nación decidió no realizar el cambio en el 2016 sino establecer un periodo que irá del 2015 al 2018, de forma paulatina, para permitir la adquisición de receptores digitales, decodificadores y lograr la cobertura nacional durante la transición. El resto de Suramérica la ejecutará entre el 2015 y el 2020.

La posible posposición no debe preocuparnos. Lo importante no es tanto cumplir con un plazo prefijado, como nos recuerda la decisión de Brasil, el país científicamente más avanzado del subcontinente, sino valorar la nueva televisión bajo la óptica de sus amplias repercusiones tecnológicas, económicas, jurídicas, sociales e incluso políticas, así como el significado que estas nuevas realidades tendrán para Costa Rica. No en balde la innovación digital es la más importante en la historia de la televisión desde la introducción del color.

De la lectura del informe se desprende la inquietud sobre la participación de todos los sectores interesados en la elaboración de una política nacional sobre la radiodifusión digital y si esta ha sido objeto de debate público.

Uno de los señalamientos más graves de la Contraloría es que la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), órgano técnico y regulador del espectro radioeléctrico -es decir, de las frecuencias-, ha intervenido de forma marginal en la transición y mantiene discrepancias tanto sobre el reglamento que la regula como sobre otros instrumentos de su ejecución.

En este sentido, según la Contraloría, “no puede soslayarse la vital trascendencia que implica una adecuada articulación de las políticas públicas del sector”, regido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt). Este aspecto es esencial porque la nueva tecnología permite la multiplicación de la oferta, la calidad y los usos televisivos con menos frecuencias de las utilizadas, lo que redundará en una ampliación de la cobertura de los servicios de banda ancha y la reducción de la brecha digital.

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Desde el 2011, Costa Rica definió una política de redistribución equitativa de estos recursos por medio del Acuerdo Social Digital y de la Estrategia Nacional de Banda Ancha (Enba).

Sin embargo, la Contraloría considera “absolutamente necesaria una revisión integral de esa política” que garantice, por un lado, “una sociedad digital inclusiva que apueste al conocimiento y a la innovación, como motores del crecimiento y medio de reducir la brecha digital”, y por el otro, “la disponibilidad de servicios IMT (telecomunicaciones móviles internacionales, por sus siglas en inglés) para atender la creciente demanda de banda ancha móvil”.

Los servicios IMT son los más atractivos comercialmente y serán claves para el desarrollo económico nacional y para financiar la reducción de la brecha digital y una “banda ancha solidaria” dirigida a los sectores más vulnerables del país. Su utilización, tal y como ha planteado la Sutel y reitera ahora la Contraloría, obliga al urgente ordenamiento y reasignación del espectro IMT.

Para esto también deberá derogarse lo que queda de la Ley de Radio de 1954, considerada por el informe como “obsoleta, incompleta y desactualizada”, y aprobar una legislación acorde con la tecnología, la economía y los usos y necesidades sociales del siglo XXI.

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