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Justa pretensión

Actualizado el 22 de marzo de 2013 a las 12:00 am

La Contraloría planteó cinco acciones de inconstitucionalidad contra los excesos cometidos en igual número de instituciones públicas en materia de cesantía

Los beneficios cuestionados crean “un privilegio odioso, exclusivo y excluyente a favor de un grupo selecto de servidores públicos”, argumenta la entidad

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El derecho a la cesantía, una importante conquista de los trabajadores costarricenses, se ha transformado en privilegio en un selecto grupo de instituciones del sector público, donde se calcula con límites inimaginables para la mayor parte de los asalariados. La ley fija un tope de ocho años al pago del beneficio, pero el Consejo Nacional de Producción lo tiene establecido en 25 años y el Banco Popular lo eliminó del todo.

La Contraloría General de la República planteó cinco acciones de inconstitucionalidad contra los excesos cometidos en igual número de instituciones públicas con la intención de adecuar el pago de la cesantía a la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Esa pretensión le fija a la iniciativa contralora fines más bien modestos, pues los magistrados se han pronunciado por la posibilidad de extender el tope hasta 20 años, dos veces y media más que el beneficio habitualmente concedido a la mayoría de trabajadores.

Los 20 años son, de por sí, un límite generoso y difícil de justificar a partir de criterios objetivos de compensación. Funciones equiparables o más complejas en otros ámbitos de la economía, especialmente en el sector privado, carecen de beneficios semejantes, y el pago del privilegio a un grupo de funcionarios públicos pesa sobre los hombros de toda la ciudadanía, incluidos los trabajadores cuya cesantía está limitada a ocho años.

Aun así, los acuerdos cuestionados en las cinco entidades objeto de los recursos exceden el tope jurisprudencial y costaron a los contribuyentes, en el año 2011, ¢3.876 millones. Las diferencias son odiosas incluso al interior de la administración pública. En Recope, un salario de ¢1 millón por mes y 30 años de servicio desemboca en el pago de ¢22,4 millones por concepto de cesantía, pero solo ¢5,7 millones cuando se trata de empleados sujetos al Régimen de Servicio Civil.

La respuesta sindical a las acciones de inconstitucionalidad no se hizo esperar. “No es a la Contraloría a la que le corresponde dictar si hay o no hay justicia en los beneficios que se le proporcionen a la clase trabajadora”, dijo Rodrigo Aguilar, presidente de la Confederación Rerum Novarum.

En la contestación se advierten tres argumentos cuya parcialidad conduce a la falacia. Primero, el reducido número de empleados públicos beneficiados por los excesos impide caracterizarlos como conquistas de “la clase trabajadora”.

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En segundo lugar, resulta claro que la Contraloría no pretende dictar si los pagos son justos. Su intención es que lo haga la Sala Constitucional al abrigo del ordenamiento jurídico y la jurisprudencia establecida.

Por último, es preciso preguntar por la relación entre la “justicia” y el pago de beneficios exagerados a un reducido número de trabajadores por cuenta del bolsillo de la inmensa mayoría, que los sufraga ya sea por la vía directa de los impuestos o por la indirecta, manifiesta en el desequilibrio fiscal, la inflación y la afectación financiera de los servicios dispensados por el Estado.

Los excesos cuestionados crean “un privilegio odioso, exclusivo y excluyente a favor de un grupo selecto de servidores públicos' sin contar con una base objetiva de respaldo y en detrimento de una serie de normas y principios constitucionales, potenciando una disposición desmedida de fondos públicos”, dice la Contraloría en uno de los escritos sometidos a consideración de los magistrados.

La pretensión del ente contralor es justa hasta donde la jurisprudencia lo permite, porque, si el resultado es la ratificación del límite de veinte años, siempre subsistirá una distancia de 2,5 veces entre el máximo de cesantía concedido a un grupo de empleados públicos y el beneficio vigente para la gran mayoría.

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