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Inversiones en la CCSS

Actualizado el 13 de abril de 2017 a las 12:00 am

La Caja anuncia la inversión de ¢1 billón a lo largo de los próximos cinco años para remediar un rezago de las inversiones estimado en $2.500 millones

Celebramos el nuevo plan y hacemos votos por que trascienda a la administración actual, pero no conviene olvidar las razones del rezago

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La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anuncia la inversión de ¢1 billón a lo largo de los próximos cinco años para remediar un rezago de las inversiones estimado en $2.500 millones. Los fondos provendrán de las arcas de la institución, de un fideicomiso por $420 millones administrado por el Banco de Costa Rica y un préstamo por la misma suma tramitado con el Banco Mundial.

La entidad invertirá los fondos en infraestructura y equipamiento, incluida la construcción de instalaciones hospitalarias en Cartago, Turrialba y Golfito, compra de equipos basados en la nanotecnología y la biotecnología más avanzadas, máquinas para diagnóstico y para el tratamiento de enfermedades como el cáncer.

El plan entusiasma y ojalá logre permanencia más allá de la actual administración. Menos satisfactorias son las explicaciones ofrecidas para el rezago de las inversiones. Todo se debió, a tenor de lo dicho hasta ahora, a la crisis económica mundial. Pero la Caja ya venía rezagada desde antes de la crisis, y si bien el desplome de las finanzas internacionales produjo efectos en todos los ámbitos, no conviene invocar la crisis para pasar por alto el desperdicio y la ineficiencia que todavía aquejan a la institución, con el agravante de que no hay plan esbozado para cerrar las brechas en esos ámbitos.

Poco antes de la crisis y después de declarada la recesión, la Caja aumentó el gasto en salarios un 88%. La irresponsable sangría se ejecutó en solo cinco años, entre el 2005 y el 2010. Parte del aumento se explica por la creación de 10.956 nuevas plazas y parte por desmedidos aumentos salariales. En la misma época, la administración concedió a los funcionarios nuevos beneficios, como el aumento de la cesantía a 20 años.

También en el curso de la presidencia ejecutiva del Ing. Eduardo Doryan, la institución firmó un convenio con el Estado que resultó en la perdida de ¢97.000 millones en intereses generados por deudas acumuladas con el correr de los años. Ese dinero habría bastado para construir dos hospitales como el de Heredia.

Los exorbitantes aumentos del gasto en planilla habrían tornado innecesarios los préstamos y fideicomisos, así como el gasto de ingresos frescos para cumplir el ambicioso plan de inversiones recién anunciado y, seguramente, habrían sobrado recursos para otras mejoras. Pero la dispendiosa administración de Óscar Arias no fue la única en desaprovechar recursos. Según cálculos de la propia Caja, la aplicación de un dictamen de la Procuraduría, a cuyo tenor los subsidios por incapacidad no pueden ser considerados salario, permitiría ahorrar ¢21.000 millones en el segundo semestre del 2011. Según el dictamen, los subsidios no pueden ser tomados en cuenta para calcular aguinaldo, salario escolar, pensiones y prestaciones, pero la institución esperaba el ahorro más significativo por la reducción de las incapacidades cuando los empleados vieran la afectación a sus ingresos.

El dictamen de la Procuraduría existía desde el año 2000, pero la Caja tardó una década para ponerlo en práctica. El gasto innecesario se magnifica por los años adicionales de cesantía concedidos a los empleados de la institución y el pago de la totalidad del salario, no el 60%, por concepto de incapacidad. Los fondos invertidos en financiar esos excesos habrían cerrado buena parte de la brecha en la inversión. Si el ahorro estimado por la institución para el segundo semestre del 2011 se hubiera materializado a partir de la fecha del dictamen, el ahorro podría haber rondado los ¢460.000 millones, tomando en cuenta únicamente el pago directo de subsidios injustificados, no los gastos adicionales por sustituciones y horas extras para llenar la plaza del incapacitado.

La Caja también desperdició miles de millones (¢5.000 millones en el 2012) a lo largo de once años por un error de cálculo de las prestaciones laborales. Cuando la institución liquidaba a sus empleados por despido, pensión o muerte, les pagaba a ellos o a sus beneficiarios el 8,33% del salario destinado a cesantía, aunque también entregaba, a lo largo de la relación laboral, el 3% exigido por ley para el Fondo de Capitalización Laboral (FCL). Ese monto lo paga directamente el patrono como un adelanto parcial de la cesantía. Por eso se debe deducir el 3% del 8,33% de indemnización que los patronos pagaban antes de la creación del FCL. La CCSS nunca hizo la deducción y los empleados recibieron, en la práctica, una cesantía del 11,33%.

Los ¢5.000 millones ahorrados en el 2012, sumados al costo adicional del aumento en el tope de cesantía concedido por Doryan a los empleados, habrían alcanzado, con creces, para pagar los ¢7.500 millones invertidos en el servicio de radioterapia del Hospital México. En ausencia de esos equipos, la Caja pagó $14,3 millones a una empresa privada, durante nueve años, por la atención a los asegurados. Una situación similar se había presentado con las angiografías contratadas al sector privado.

La justificación de la compra de servicios privados por el deterioro de los equipos propios se parece mucho a algunos casos de adquisición de medicamentos mediante procedimientos de urgencia, ayunos de los controles necesarios para garantizar la integridad de la adquisición. Este es otro caso en que las carencias de la institución trasladan ganancias injustificadas al sector privado, en este caso las farmacéuticas.

Comparada con esos ríos de dinero, la morosidad estatal y privada es un problema menor. No carece por ello de importancia y es preciso hacer cuanto sea necesario para recuperar los adeudos, pero, al igual que la crisis financiera mundial, solo explica una parte de las razones por las cuales se creó el enorme rezago de equipamiento. Todo esto para no mencionar otros abusos ni especular sobre los ahorros no realizados por el atraso del Expediente Digital Único, un caro desarrollo de dos décadas cuya implementación todavía dista de ser adecuada.

Celebramos el nuevo plan de inversiones y hacemos votos por que trascienda a la administración actual, pero no conviene olvidar las razones del rezago para no repetir la historia y no renunciar al remedio de los defectos todavía existentes.

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