Opinión

EDITORIAL

Intento de revivir el salvamento turístico

Actualizado el 15 de mayo de 2015 a las 12:00 am

Las debilidades del proyecto de salvamento de un grupo de empresas turísticas subsisten en las ideas planteadas para modificarlo

Cuando menos, es necesario saber a quién va dirigida la ayuda y cuántas posibilidades existen de una verdadera recuperación de los beneficiarios

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La Asociación para la Protección del Turismo (Protur) anunció, en julio del 2012, la presentación de una demanda por $80 millones contra el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). La dirigencia de la asociación empresarial justificó la acción, entre otras razones, por la discrepancia entre las cifras oficiales de visitas turísticas y la realidad percibida por los empresarios del sector.

Según el ICT, hubo 2,2 millones de turistas en el 2011, pero Protur calculó la visitación real en 1,3 millones. Según los empresarios, las estadísticas del ICT los indujeron a error a la hora de invertir y, por eso, se consideraban acreedores de la millonaria indemnización. Además, expresaron quejas por las proyecciones de crecimiento publicadas por el ICT en el 2005, sin duda demasiado optimistas.

La demanda nunca se materializó, pero el anuncio dice mucho del grupo que ahora pretende la aprobación de un plan de ayuda de $15 millones proveniente del presupuesto utilizado por el ICT para promocionar al país y de los fondos de la banca para el desarrollo.

Más allá de la polémica sobre el verdadero número de turistas, es difícil creer que los planes de negocios se fundamentaran en los datos del ICT. Si así fuera, los inversionistas habrían actuado con incomprensible ligereza. Empresarios conocedores del terreno, ávidos de identificar oportunidades de negocio, no habrían actuado con la debida diligencia si basaron sus decisiones en estadísticas de alcance general, por demás sometidas a crítica desde hace mucho tiempo. Tampoco las proyecciones del 2005 debieron entenderse como fundamento de un plan de negocios ayuno de riesgo. El ICT no podía prever, por ejemplo, la crisis financiera mundial del 2008.

La justicia de la pretendida indemnización está en entredicho y, por la misma línea de razonamiento, sería cuestionable el nuevo plan de rescate financiero. Los riesgos asumidos a la ligera pueden producir pérdidas cuya socialización es inaceptable. Supongamos que las cifras del ICT fueran correctas, pero con el paso del tiempo la visitación decayera por la competencia internacional u otros factores similares. ¿Tendría Protur, también en ese caso, motivos para pedir una indemnización?

Por vías distintas, Protur pretendía $80 millones hace tres años y $15 millones en la actualidad. Ese hecho, en sí mismo, hace dudar de la conveniencia del plan de ayuda. Por las buenas o por las malas, al parecer, la sociedad debe asumir las consecuencias del riesgo aceptado por los inversionistas cuando confiaban obtener, por ese medio, una ganancia.

Sin embargo, las dudas sobre la conveniencia del plan se magnifican al reparar en el hecho incontrovertible de que, según el criterio de Protur, simplemente no hay suficientes turistas para dar viabilidad a los negocios. En el 2012, les faltaba la nada despreciable cifra de 900.000. O las estadísticas del ICT han mejorado mucho, así como el ingreso de turistas, o no existe forma de sacar adelante a las empresas comprometidas. El plan de rescate financiero sería, en realidad, un simple resarcimiento por la inversión fallida, con ninguna ventaja para la sociedad.

El directivo de Protur Boris Marchegiani, en una reciente polémica en las redes sociales con empresarios del sector turístico opuestos al plan de rescate, afirmó que están en juego 20.000 empleos, pero ninguna cantidad de dinero público serviría para salvarlos si la demanda de servicios no existe.

La cifra, por otra parte, pone en duda el carácter de pequeña y mediana empresa de las posibles beneficiarias. Según Protur y un estudio de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), el número ronda el centenar. Si el dato de 20.000 empleos fuera preciso, tendrían en promedio unos 200 colaboradores cada una. ¡Bastante grandecitas son las mipymes del sector!

Las contradicciones y las cifras vuelan sin ton ni son. Razón de más para precisar a quién va dirigida la ayuda y cuántas posibilidades existen de una verdadera recuperación de las empresas en crisis. Tampoco hay previsiones de resarcimiento a la sociedad cuando la recuperación se produzca.

Esas debilidades subsisten en las ideas planteadas para modificar el proyecto de ley. Ya no son $15 millones, sino $10 millones. Se especificará la intención de ayudar a micro y pequeñas empresas, con exclusión de las medianas, pero no hay una definición de los límites. En sí misma, la nueva estipulación siembra duda sobre el primer intento de aprobar el plan de rescate sin excluir, desde el inicio, a empresas de mayor tamaño. Las listas extraoficiales de posibles beneficiarios no contienen microempresas y casi ninguna que pueda considerarse pequeña, de conformidad con los montos del endeudamiento.

Quienes invirtieron lo hicieron de buena fe, en una actividad importante para el país y generadora de empleo. Todos habríamos querido su éxito. Lo mismo puede decirse de inversiones en otros sectores, pero el fisco no puede acudir al rescate de todos. Los fondos de la banca para el desarrollo tienen destinos que también podrían resultar meritorios y la promoción del país en el extranjero beneficia a las empresas turísticas viables, sin importar su tamaño. Hay mucho por estudiar y esclarecer antes de aprobar tan cuantiosa inversión de fondos públicos en procura de los dudosos objetivos del proyecto de ley comentado.

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