Opinión

EDITORIAL

Injusticias en los comedores escolares

Actualizado el 21 de marzo de 2014 a las 12:05 am

Desde hace 40 años, el programa de comedores escolares es uno de los más extendidos y exitosos de Latinoamérica

Es necesario que el MEP sea más eficiente para evitar abusos y, al mismo tiempo, flexibilizar la atención de los casos y horarios especiales

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Desde que se creó el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), hace 40 años, el programa de comedores escolares es uno de los más extendidos y exitosos de Latinoamérica. Esta red, a cargo del Ministerio de Educación Pública (MEP), y la de los Cen-Cinái, de la cartera de Salud, cubrieron un 19% de la población en el 2012, con una inversión cercana a los ¢85.000 millones.

Esta política social tiene un alto impacto redistributivo, es esencial para las familias pobres y su efecto más visible es que Costa Rica tiene una de las tasas de desnutrición infantil más bajas en el mundo.

Sin embargo, periódicamente los comedores escolares han sido objeto de críticas por los controles administrativos que se aplican en su funcionamiento, el valor nutricional de lo que reciben los niños y, en especial, por la cobertura efectiva que ofrecen a los sectores en condición de vulnerabilidad social. En el 2011, la Contraloría General de la República (CGR) apuntó filtraciones en el sistema; es decir, que no siempre los beneficiarios son los que realmente requieren de la ayuda otorgada.

Desde el 2010, el MEP ha ampliado la cobertura de los comedores que administra el Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente (Panea), que en la actualidad alcanza a un 100% de las escuelas y a un 52% de los colegios. En el 2012, un 71% de los estudiantes de los centros educativos públicos recibió dichos beneficios.

Un reportaje de La Nación demuestra que, a pesar de los esfuerzos del MEP por universalizar el servicio y administrarlo con eficiencia, el sistema aún presenta importantes filtraciones e injusticias. De acuerdo con la información, hay niños que dependen principalmente de los comedores escolares para su alimentación y que, por lo tanto, pasan hambre cuando estos no están disponibles, los fines de semana o los días feriados.

Maestros y profesores observan estudiantes que vuelven de vacaciones con problemas de desnutrición porque en sus casas no tienen qué comer. Como sabemos, estos casos se concentran en las zonas costeras y fronterizas donde Costa Rica no ha logrado hacer disminuir la pobreza durante décadas.

El reportaje da cuenta de instituciones educativas a las que el presupuesto no les alcanza para cubrir la alimentación de todos sus alumnos y tienen que recurrir a bingos, ferias o a los mismos docentes o familiares para seguir operando. Como expresó la directora de la escuela de La Garita Vieja, Margarita Burgos: “Aquí hacemos lo que sea para alimentarlos. Desde el viernes pasado nos quedamos sin comida, pero con tal de darles algo de comer yo he traído comida de la casa y a los padres se les pide que si tienen huevos, limones, ¡lo que sea!, nos lo manden”.

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Ante esta situación, la pregunta obligada es si los recursos del Panea, que son abundantes, se distribuyen adecuada y equitativamente en las regiones, escuelas y colegios más necesitados del país o si la asignación presupuestaria reproduce las inequidades que perpetúa el sistema educativo nacional, entre la Gran Área Metropolitana (GAM) y las zonas rurales.

Con un presupuesto de ¢63.000 millones y 690.000 beneficiarios para el 2014, es difícil entender que aún haya escuelas que no puedan cubrir las necesidades alimenticias de la totalidad de sus estudiantes. ¿Qué es lo que falla? ¿Un sistema que, ante la imposibilidad de atender a todos por igual, por entendibles razones presupuestarias, debería priorizar a su población meta?

Como han reclamado la CGR y diversos estudios, es necesario que el MEP sea más operativo y eficiente para evitar abusos en los comedores escolares, sin duda, pero al mismo tiempo flexibilizar la atención de los casos y horarios especiales.

Este es un contexto propicio para discutir la propuesta de la diputada liberacionista Annie Saborío de una Ley General de los Programas Estatales de Alimentación y Nutrición de la Niñez y Adolescencia, que unificaría bajo un solo marco legal los programas de comedores escolares y los Cen-Cinái.

Este proyecto no solo consagraría la universalidad de los servicios de cuido, lo que haría posible la extensión eventual de sus horarios, y la obligación estatal a la “sana alimentación” y “adecuada nutrición”, sino que respondería a la nueva amenaza que enfrenta nuestra población, que no es tanto la desnutrición como la obesidad y las enfermedades crónicas a edad temprana.

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