EscucharMejoras en el trabajo policial y la administración de justicia, tribunales de flagrancia y la escasez de medidas alternativas, como los brazaletes electrónicos, cuya adopción depende del voto legislativo, elevaron la tasa nacional de encarcelamiento de 218 reos por cada 100.000 habitantes a 302 en un par de años.
El aumento en el número de encarcelados no se corresponde con el desarrollo de la infraestructura penitenciaria, y el resultado es un hacinamiento peligroso y lesivo para la buena reputación del país en materia de derechos humanos. La población penitenciaria supera la capacidad instalada en más del 30%.
Uno de cada tres reos está de más en las atiborradas cárceles. Los presos duermen en el suelo y se apretujan en condiciones idóneas para desatar la violencia. Faltan, además, las instalaciones de esparcimiento y formación necesarias para darles una oportunidad de éxito a los fines de rehabilitación pregonados por la ley vigente.
El Ministerio de Justicia espera aliviar el problema en el 2015 mediante la ampliación de las instalaciones existentes en 2.700 plazas. Un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, ya aprobado por la Asamblea Legislativa, está en espera de los procesos de licitación para iniciar las obras. La esperanza es lograr las adjudicaciones este año para empezar a construir en el 2014 y tener las nuevas instalaciones listas en el 2015.
Fernando Ferraro, ministro de Justicia, explica el proceso con toda naturalidad. Esa actitud no se le puede reprochar. Es, simplemente, realista. Nuestro alambicados procesos de licitación pública atrasan la solución de los problemas más urgentes, incluyendo este, donde están de por medio las políticas de seguridad pública y los derechos humanos.
Las 2.700 plazas ni siquiera son suficientes para albergar a la población actual. El Ministro cifra sus esperanzas en la estabilización del número de ingresos en los años por venir, según la experiencia de otros países. También espera la aprobación legislativa del sistema de brazaletes o tobilleras electrónicas para reducir el ingreso de reos en régimen de prisión preventiva.
Amén de aliviar el hacinamiento, el monitoreo electrónico ayudaría a resolver el problema del encarcelamiento sin condena, es decir, el numeroso grupo de internados en las cárceles nacionales en espera de juicio. Se trata de la cuarta parte de los detenidos, muchos de los cuales podrían ser absueltos luego de cumplir meses o hasta años de encarcelamiento.
Por supuesto, no hay garantía de cumplimiento de los pronósticos más optimistas. Esa es la urgencia de las nuevas edificaciones: las condiciones actuales son inaceptables y las futuras podrían seguir siéndolo, aunque en grado mucho menor. Sin embargo, con el dinero y los terrenos a su disposición, el Estado no puede poner manos a la obra.
Para aliviar la presión, el Ministerio financiará, con su propio presupuesto, la edificación de 600 plazas nuevas este año, además de instalaciones complementarias como cocinas, enfermerías, dormitorios para vigilantes y plantas de tratamiento de aguas.
Las nuevas instalaciones responderán mejor a las aspiraciones de un sistema penitenciario moderno, con acento en la rehabilitación y no solo en el castigo o el aislamiento del infractor. Habrá espacios dedicados a la educación, el deporte y otros servicios. Además, las autoridades de Justicia planean ampliar las opciones de capacitación y trabajo dentro de los módulos.
El impacto de las obras proyectadas promete ser considerable, pese a la posibilidad de que se queden cortas. En cualquier caso, representan la iniciativa más importante en la materia desde hace muchos años. Solo resta lamentar la lentitud de nuestros procedimientos burocráticos.
