Opinión

EDITORIAL

Indiferencia legislativa

Actualizado el 19 de julio de 2013 a las 12:05 am

La presidenta Laura Chinchilla no puede ser acusada de indiferencia frente a la empinada alza en el precio de los servicios eléctricos

Tanto subieron las tarifas eléctricas que las familias costarricenses pagan más y consumen menos

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La presidenta Laura Chinchilla no puede ser acusada de indiferencia frente a la empinada alza en el precio de los servicios eléctricos, cuyo costo ya afecta la calidad de vida de amplios sectores de la sociedad y resta competitividad a la producción nacional. En múltiples ocasiones ha clamado por una rebaja en las tarifas y el viernes de la semana pasada fue la primera en aplaudir cuando el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad prometió hacer cuanto esté a su alcance para rebajar los costos y conseguir el objetivo.

No es para menos. En un país donde la inflación se ha moderado, las tarifas eléctricas ocupan un lugar prominente entre sus disparadores. Entre julio del 2012 y abril del 2013, la electricidad subió un 35%, muchísimo más que la inflación. Si el análisis se amplía a los poco más de seis años transcurridos entre agosto del 2006 y octubre del 2012, el alza llega al 85,4%.

Tanto subieron las tarifas eléctricas que las familias costarricenses pagan más y consumen menos. En lugar de los 238 kilovatios hora consumidos por mes en el 2006, el promedio nacional del 2011 ya estaba en 217, pero el costo de cada kilovatio hora se había disparado hasta anular los beneficios del esfuerzo de ahorro.

El aplauso de la Presidenta celebró la frase pronunciada por el Ing. Teófilo de la Torre para cerrar un discurso con la promesa de que “el ICE minimizará los costos por todos los medios a su alcance, pues es su deber ineludible”. Ese deber le viene impuesto a la institución, entre otras razones, por la directriz presidencial del mes de mayo que exige a las empresas públicas de servicios regulados, en especial las del sector energético, ajustar gastos y racionalizar los créditos contraídos para desarrollar infraestructura.

La directriz señala un camino importante, pero de efectos apenas paliativos. La solución está en la apertura de las fuentes de energía geotérmica que el ICE está dispuesto a desarrollar y la incorporación de la generación privada de electricidad basada en fuentes renovables.

La Presidenta tampoco puede ser acusada de indiferencia en ese campo. Desde mediados de su gestión planteó la Ley de Contingencia Eléctrica, una versión menos ambiciosa que el texto sometido a consideración legislativa por la administración del ex presidente Óscar Arias pero, en las circunstancias, más viable. Fue una pena renunciar a la mayor apertura del proyecto inicial, pero ni así se ha logrado vencer la indiferencia de los responsables, en última instancia, de la precariedad del suministro energético y su alto costo: los diputados.

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Sectores de la oposición se niegan rotundamente a permitir siquiera la discusión de la Ley de Contingencia y proponen, en su lugar, un debate a fondo sobre la forma de aumentar la generación sin cambiar el modelo monopólico vigente. El ICE carece de los recursos necesarios para desarrollar fuentes de energía limpia en cantidad suficiente y uno de los disparadores del costo de la electricidad es, precisamente, la carga financiera contraída por la institución para pagar la construcción de nuevas plantas.

No se entiende, entonces, de dónde y cuándo saldrán los recursos necesarios para invertir en el monopolio con resultados favorables para el consumidor.

Las empresas generadoras privadas ofrecen su producto a menos de la tercera parte del precio de la generación térmica utilizada en la actualidad para mantener el suministro. No requieren de inversión pública y aceptan desarrollar, exclusivamente, fuentes limpias y renovables en el marco del control de precios ejercido por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

El ICE está en el proceso de firmar contratos para la producción de 137 megavatios, generados por la empresa privada con agua y viento, al muy competitivo precio de $0,11, aproximadamente, por kilovatio. Pero la capacidad de generación privada es mucho mayor, así como el atractivo de esta industria para la inversión nacional y extranjera. Esos recursos no pueden ser aprovechados mientras duren las limitaciones de la ley vigente y, sobre todo, mientras dure la demostrada indiferencia del Congreso.

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