Opinión

EDITORIAL

Incrementos presupuestarios en el sector público

Actualizado el 06 de marzo de 2017 a las 12:00 am

El Estado costarricense se ha venido expandiendo sostenidamente en las últimas décadas, por encima de sus medios

Se impone una reforma para que el Congreso controle el gasto del sector descentralizado, toda vez que el control de la Contraloría es fundamentalmente de carácter legal

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El informe de la Contraloría General de la República (CGR) titulado Presupuestos públicos 2017: situación y perspectivas, debe ser objeto de una amplia discusión pública y también en el seno de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Contiene muchas recomendaciones que no deben pasar inadvertidas. Nuestra principal recomendación, sin embargo, es la urgencia de emprender una reforma constitucional sustancial para corregir el rumbo.

k Visión global. El Estado costarricense se ha expandido sustancialmente. En la actualidad, comprende más de 330 instituciones, incluidas el Gobierno Central (poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial), entidades descentralizadas, empresas públicas y gobiernos locales. El presupuesto global de gastos asciende a la suma de ¢23,9 billones (¢23.857.722 millones), de la cual el gobierno central absorbe un 37% y, el resto del Estado, un 63%. Los ingresos totales son insuficientes para financiar los gastos (en un monto alrededor del 15% del PIB) pero, debido a deficiencias en la ejecución de los gastos programados, el déficit global ronda el 5% del PIB.

La deuda pública total, por otra parte, subirá de un 44,9% del PIB en el 2016 a 49,1% del PIB en el 2017 y podría alcanzar niveles muy preocupantes de no imponerse límites. Si se analiza de forma consolidada, el déficit del Gobierno Central está parcialmente financiado con el superávit de otras instituciones públicas mediante incrementos de tarifas y compra de bonos, lo que distorsiona la situación financiera global.

k Remuneraciones. En términos globales, las remuneraciones representan un 25% del total de gastos del sector público y ascenderán a ¢5.881.392 millones en el 2017, con un aumento del 4,1%, tres veces superior a la inflación del año pasado. Aunque este rubro ha perdido dinamismo comparado con otros, sigue representando uno de los disparadores del gasto. La propia Contraloría llama la atención a que “persiste la necesidad de una reforma profunda del empleo público que abarque lo relacionado con las remuneraciones, la rectoría y evaluación del desempeño”. También señala que los incentivos salariales son el rubro que más ha crecido y representan, para todo el sector público, un 40% de los salarios totales. En tales circunstancias, seguir posponiendo la reforma salarial es una falla fundamental.

k Transferencias y gastos de capital. Otro de los rubros que ha crecido sustancialmente son las transferencias a otras entidades. Las del Gobierno Central sumarían este año ¢6.197.399 millones, con un aumento del 5,6% frente a las del año pasado. Mucho de estas transferencias también implican sueldos y salarios y, además, incentivos y pluses salariales que crecen más que la inflación. Afortunadamente, los gastos de capital mejoran un poco comparados con los de otros años, pues totalizarán ¢1.554.550 millones, que representan un 4,6% del PIB.

k Instituciones. Las transferencias a las universidades ascenderán a ¢685.000 millones, mucho de lo cual se destina igualmente a salarios, pluses y beneficios. Según hemos informado, la negociación salarial entre los sindicatos y la rectoría de la UCR no ha dado resultados. Es más, según previas negociaciones, el acuerdo es elevar el monto de lo recibido por el FEES al equivalente de 1,5% del PIB, monto demasiado elevado y con el agravante de no permitir examinar el contenido ni conveniencia de las transferencias, al amparo de un equivocado concepto de autonomía universitaria.

El presupuesto aprobado para la CCSS contempla un incremento salarial del 4% (frente a menos del 1% registrado de inflación en el 2016), lo cual denota el poco esfuerzo por controlar esa partida. Para Acueductos y Alcantarillados (AyA) se presupuestó un incremento del 18%, pero no se ha corregido la baja capacidad de ejecución de obras que mantiene esa institución. El ICE tiene un voluminoso presupuesto anual de gastos (¢1.836.235 millones), financiado en un 77% con tarifas. ¿Deberían sus gastos de capital financiarse mediante tarifas? Un 41% del total de esas erogaciones se destina a servicios y remuneraciones, lo cual sugiere que la planilla sigue estando abultada.

El INS, con un presupuesto de ¢1.100.000 millones se da el lujo de aumentar sus remuneraciones salariales un 6%, casi seis veces más que la inflación. Es, sin duda, otra de las denominadas “vacas gordas” del Estado que se maneja sigilosamente para no evidenciar injustificados incrementos salariales.

Finalmente, Recope maneja un presupuesto de ¢1.300.000 millones, en su mayoría relacionado con la importación y venta de combustibles terminados. Sin embargo, una parte se destina a “obras de mejoramiento de refinería”, según la Contraloría. Si Recope hace varios años no refina, ¿tiene algún sentido gastar sumas adicionales en una instalación absolutamente obsoleta?

k Conclusiones. De lo anterior se derivan algunas conclusiones y recomendaciones. El Estado costarricense se ha venido expandiendo sostenidamente en las últimas décadas, por encima de sus medios. Quienes abogan por más Estado deberían reconsiderar su posición, pues un Estado grande no es sinónimo de fuerza ni, mucho menos, eficacia. El gasto del sector descentralizado, cuyos presupuestos los aprueba únicamente la Contraloría General de la República, casi duplica el de los tres principales poderes del Estado, sin estar sometidos a ningún control político ni cuestionamiento de fines, programas y demás.

Se impone una reforma constitucional para que la Asamblea Legislativa retome esa función trascendental, toda vez que el control de la CGR es fundamentalmente de carácter legal. Es necesaria otra reforma constitucional o, al menos, legal, para imponer límites al gasto y crecimiento de la deuda mediante la denominada regla fiscal, empantanada en la Asamblea Legislativa, para evitar el crecimiento del gasto y de la deuda pública total. En palabras de la CGR, el Gobierno se enfila a la “insolvencia” a causa, precisamente, del crecimiento de la deuda pública total.

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