Opinión

EDITORIAL

Inconsecuencia del PAC y del Frente Amplio

Actualizado el 25 de mayo de 2016 a las 12:00 am

Si el Frente Amplio y el Partido Acción Ciudadana creyeran en la libre autodeterminación de los pueblos, se habrían sumado a la censura aprobada por diputados opositores

El primer poder de la República Bolivariana, que según el artículo 5 de la Constitución “emana de la soberanía popular”, pide invocar la Carta Democrática Interamericana

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Si los diputados del Frente Amplio y del Partido Acción Ciudadana creyeran en la libre autodeterminación de los pueblos, se habrían sumado a la censura aprobada por diputados opositores contra las medidas antidemocráticas del régimen de Nicolás Maduro. El pueblo venezolano se manifestó en las urnas y su voluntad fue ignorada desde el principio.

Primero, la Asamblea Nacional saliente, presidida por el desprestigiado dirigente chavista Diosdado Cabello, se apresuró a hacer nombramientos en posiciones clave del Estado, incluidos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, elegidos fuera del término constitucional. Después, el obsecuente tribunal se dedicó a anular las iniciativas de la mayoría parlamentaria, incluida la ley de amnistía destinada a liberar a los presos políticos, condenados mediante una farsa judicial, como lo denunció el exiliado fiscal de la causa contra el líder opositor Leopoldo López.

La obsecuente Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia también suspendió sus vacaciones para aceptar seis recursos contra la elección de ocho diputados, con cuyo concurso los ganadores de las elecciones del 6 de diciembre constituirían una supermayoría, suficiente para hacer valer la voluntad de los venezolanos.

Ahora, Maduro amenaza con decretar un estado de conmoción interior, restringir aún más las libertades públicas y cerrar el Parlamento. Los seis expresidentes costarricenses escribieron al mandatario, Luis Guillermo Solís, para invitarlo a pedir a la Organización de Estados Americanos (OEA) la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que podría conducir a imponer sanciones contra el régimen de Caracas si la negociación no rinde frutos.

Las bancadas del Frente Amplio y Acción Ciudadana se oponen a esa gestión y exigen respeto al “principio de la no injerencia externa en los asuntos internos de los Estados”. Es decir, exigen dejar al pueblo venezolano a su suerte, salvo por las gestiones de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), ambas fuertemente influidas por Venezuela y sus aliados.

La “injerencia” rechazada por el PAC y el Frente Amplio, cada vez más cercanos, es un mecanismo previsto por ley precisamente para casos como estos. Fue aprobada con consenso de los 34 países de la OEA en el 2001 y, en el 2002, Venezuela fue el primer país donde se aplicó en defensa del orden constitucional, amenazado por el intento de golpe contra Hugo Chávez. También fue invocada frente a la sublevación de la Policía ecuatoriana contra el presidente Rafael Correa, en el 2010. En ninguno de esos casos hubo denuncia de “injerencia exterior”.

En el 2009, la Carta fue invocada ante al golpe de Estado en Honduras contra el gobierno izquierdista de Manuel Zelaya. La participación de ese país en el organismo hemisférico fue suspendida durante dos años. El 29 de junio de ese año, la Asamblea Legislativa, donde el PAC tenía una importante bancada, aprobó por unanimidad una moción del Frente Amplio para condenar el golpe. En la misma fecha, el diputado Ottón Solís escribió: “Ese acto constituye una afrenta contra los principios y valores de la Carta Democrática Interamericana y es reflejo del recurso a procedimientos inadmisibles en las sociedades democráticas de nuestro tiempo”.

En todos esos casos la Carta fue invocada correctamente. En el de Venezuela, al parecer, los procedimientos de Maduro son admisibles en las sociedades democráticas, en opinión de los diputados cercanos al gobierno. Esa opinión no la comparte la Asamblea Nacional venezolana, que pidió formalmente al secretario general de la OEA, Luis Almagro, invocar la Carta Democrática Interamericana ante la “crisis institucional y humanitaria” de su país.

El primer poder de la República Bolivariana, que según el artículo 5 de la Constitución “emana de la soberanía popular”, pide invocar la Carta, pero los diputados del Frente Amplio y Acción Ciudadana se niegan a ejercer semejante “injerencia externa”, que no les preocupó en absoluto en otras oportunidades.

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