Opinión

EDITORIAL

Incentivos salariales en el Estado

Actualizado el 01 de septiembre de 2012 a las 12:00 am

El anteproyecto de ley propuesto para introducir orden y equidad en las remuneraciones de la Administración Pública adopta un sistema de evaluación del desempeño

La iniciativa contribuiría a racionalizar el gasto público, pero igual o más importante para el ciudadano es su repercusión en la calidad de los servicios

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Sin evaluación del desempeño no hay rendición de cuentas y difícilmente habrá mejora en el servicio prestado. Sin incentivos para el buen desempeño, la evaluación carece de sentido. En el Estado costarricense no hay ni una cosa ni la otra. Los beneficios son parejos y automáticos. En consecuencia, pierden todo valor como incentivo.

Un ejemplo notable son los pluses salariales en el empleo público. Hasta hoy, su único efecto es inflar la planilla, en vez de recompensar el buen desempeño y estimular la mejoría. El Gobierno propone poner fin a esa situación y recuperar la auténtica función de los pluses salariales.

A ese efecto, el anteproyecto de ley propuesto para introducir orden y equidad en las remuneraciones de la Administración Pública adopta un sistema de evaluación basado en criterios uniformes de razonabilidad, eficiencia e igualdad, cuyos resultados definirán los pagos adicionales. El fin último es garantizar “el fiel cumplimiento de los objetivos institucionales”.

Informes de la Contraloría General de la República señalan la inadecuada e inoportuna aplicación de las evaluaciones en la actualidad. Un estudio de la Contraloría, fechado en el 2009, detectó el problema en el 76,5% de las instituciones analizadas en ese momento. La prueba más dramática de la ineficacia de los mecanismos de evaluación vigentes está contenida en un documento del Ministerio de Planificación: solo 13 de 160.000 empleados públicos no obtuvieron anualidades por mala calificación de su rendimiento.

Trece de 160.000 es un número ridículo, tanto que expresarlo en términos porcentuales apenas tiene sentido. Tan excepcionales son los casos que despiertan sospecha de la intervención de factores extraños al desempeño, como una pésima relación con las jefaturas u otras razones personales aptas para singularizar a los afectados. En cualquier caso, el dato demuestra la inexistencia, en la práctica, de una evaluación útil.

La iniciativa gubernamental contribuiría a racionalizar el gasto público, pero igual o más importante para el ciudadano es su repercusión en la calidad de los servicios estatales. Las instituciones públicas establecieron, hace años, contralorías de servicios cuya utilidad se ve limitada por el reducido impacto del mal desempeño sobre los ingresos del funcionario responsable. Si los pluses salariales se constituyeran en un verdadero incentivo, en lugar de un beneficio automático, las quejas del público cobrarían otra dimensión.

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La propuesta, entonces, no se agota en la racionalización del gasto. Se trata, en el fondo, de mejorar los servicios y aumentar la eficiencia. Los fines son tan loables, y los medios tan razonables, que los sindicalistas del sector público encuentran dificultades para oponérseles.

Héctor Cerdas, representante de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) en la Municipalidad de San José, se abstuvo de cuestionar el planteamiento. Dijo estar anuente a la evaluación y argumentó que en la Municipalidad ya hay un sistema establecido. Eso sí, declaró su intención de oponerse a la propuesta gubernamental en su conjunto. El proyecto va más allá de la evaluación del desempeño y se propone introducir orden en la dispar y abusiva asignación de privilegios en las instituciones públicas. Es difícil encontrar razones para rechazar una eficaz evaluación del desempeño, pero no para anunciar, en términos generales, oposición al proyecto que la contiene. En palabras del sindicalista, el propósito del Gobierno es “acabar con todos lo derechos de los trabajadores”.

No es cierto. El proyecto no toca una letra de las garantías reconocidas a los trabajadores por ley y plantea la necesidad de respetar los derechos adquiridos.

Pretende, sin embargo, impedir la proliferación de abusos como la eliminación del tope al pago de cesantía en la Municipalidad de San José.

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