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EDITORIAL

Incentivos desbocados

Actualizado el 16 de noviembre de 2016 a las 12:00 am

La historia de los incentivos en el Poder Judicial y su costo en la actualidad es típica de la evolución de los beneficios en otras instituciones del Estado

A cada paso, las actas revelan conciencia, aunque sea minoritaria, de los efectos fiscales de los nuevos incentivos, pero eso no ha impedido su creación

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Los incentivos salariales del Poder judicial crecieron en ¢72.500 millones a lo largo de la última década. En total, el costo de los 17 beneficios disfrutados por 12.000 funcionarios ascendió a ¢121.400 millones este año. Ninguna otra institución ha conseguido cargar semejantes ventajas al presupuesto nacional.

El desorden creado por los incentivos afecta a todo el sector público y pone una presión insoportable sobre las finanzas nacionales, pero en ninguna otra parte se produjo un crecimiento del 148% en una década. Lo más sorprendente, sin embargo, son las razones consignadas en actas a cada paso.

En una oportunidad, a inicios de la crisis mundial del 2008, un magistrado urgió la aprobación de un ajuste salarial para aprovechar “la bonanza transitoria de las finanzas públicas, porque quién sabe lo que ocurrirá en el próximo año”. Pero el futuro era fácil de predecir. Sin importar la gravedad de la crisis mundial y sus efectos sobre las finanzas del país, el aumento en el gasto público estaría aprobado y permanecería, año tras año.

Hoy, el beneficio conocido como “índice de competitividad salarial” cuesta ¢17.300 millones y se extiende a los pensionados de la Corte. Así seguirá a perpetuidad mientras las finanzas públicas lo aguanten.

Cuatro meses más tarde, la Corte creyó necesario aumentar los salarios de los 46 puestos de mayor rango en la institución. El alza, aplicada a los salarios base, causaría una lluvia de críticas. Por eso se decidió crear un nuevo plus, hasta de 135%, para reunir una mayoría de 13 votos a favor (hubo nueve en contra) y sobreponerse a las razones del magistrado que sentenció: “Me parece que difícilmente ante una población empobrecida nosotros podemos justificar políticamente este aumento”.

A cada paso, las actas revelan conciencia, aunque sea minoritaria, de los efectos fiscales de los nuevos incentivos, pero eso no ha impedido su creación. Eventualmente, el ajuste aplicado a 46 plazas de mayor jerarquía se extendió hacia abajo y fue alcanzando a un número cada vez mayor de funcionarios. Eventualmente, se integró a los salarios base.

Los argumentos para justificar las alzas sobran. El más socorrido es la falta de competitividad de los salarios judiciales y la importante función desempeñada por la Corte. Sin embargo, cuando los estudios técnicos demostraron que las condiciones del mercado laboral no servían para sustentar un aumento, el alza se produjo de todos modos y benefició a mil empleados.

Un magistrado comentó el caso preguntando: “¿Cuántas veces la Corte no se ha separado de los criterios técnicos?”. Acto seguido, añadió: “Es una decisión política. Hay muchas presiones”. Las presiones fueron creadas por el ajuste inicial y su paulatina extensión a los grupos que iban protestando por el trato desigual. Para apaciguar las protestas, ahí están los fondos públicos y la autonomía del Poder Judicial.

Las realidades fiscales del país ocupan un lugar secundario, tanto como el informe del Consejo de Personal sobre las condiciones del mercado salarial. Como dijo el magistrado, “los salarios son buenos por la razón de que son para los empleados judiciales”.

La historia de los incentivos en el Poder Judicial y su costo en la actualidad, publicada a inicios de mes por este diario, es típica de la evolución de los beneficios en otras instituciones del Estado hasta el punto que los incentivos y pluses salariales rebasan en costo a los salarios base y permanecen en el tiempo, creciendo a ritmos insostenibles. Deshacer la madeja creada a lo largo de tantos años no será fácil, sobre todo porque el país no parece tener idea del punto de inicio de una labor tan formidable.

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