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EDITORIAL

Incentivos en el MEP

Actualizado el 04 de septiembre de 2017 a las 10:00 pm

El Ministerio de Educación Pública paga 50 recargos distintos, pero buena parte de ellos no contribuye a mejorar la calidad de la educación

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló la brecha entre la inversión y la calidad

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La desvinculación entre los incentivos y los resultados es uno de los grandes males de los sistemas de compensación en el sector público. Las anualidades, por ejemplo, se conceden sin una verdadera evaluación del desempeño y, como son prácticamente automáticas, dejan de servir como estímulo para el buen funcionamiento. Ese ejemplo es quizá el más obvio, pero hay otros en casi todos los rincones de la Administración Pública. El IV Informe del Estado de la Educación señala el problema en el ámbito específico de la docencia.

El Ministerio de Educación Pública paga 50 recargos distintos, muchos hasta de un 50% del salario, a los cuales se suman incentivos más generalizados en el Estado, como el zonaje y las anualidades. Buena parte de esos pagos no contribuye a mejorar la calidad de la educación, dice el estudio. Las razones de la ineficacia son varias. En algunos casos, los pagos compensan la participación en tareas sin relación directa con el proceso educativo, como el cuidado de huertas. En muchos otros, los beneficios se conceden sin apego a una evaluación de los resultados y existen, también, pagos con cuestionable justificación técnica.

El Ministerio, por ejemplo, paga el incentivo por trabajar en zonas de bajo desarrollo social en 106 distritos que no entran en esa clasificación. También se paga un recargo del 50% a 198 funcionarios por participar del Programa de Informatización para el Alto Desempeño, pero el uso de la herramienta es escaso en varias regiones educativas y no hay datos para valorar el resultado.

No obstante, el Ministerio justifica los incentivos. “Los recargos responden a una necesidad real para la prestación del servicio educativo cuando no es posible la creación de una plaza permanente o es más eficiente hacerlo por recargo”, dice el viceministro administrativo Marco Fallas.

El problema es que los recargos pronto pasan a ser considerados parte del salario y se siguen pagando sin constatar su eficacia en términos de los resultados. Por otra parte, la cantidad de beneficios produce una nebulosa que también conspira contra la evaluación. Muestra de esa complejidad es la intervención de diez departamentos del Ministerio para hacer efectivos los pagos. Peor aún, esas intervenciones consisten en comprobar el cumplimiento de requisitos y dar el visto bueno, porque la asignación de las tareas compensadas corresponde a los directores de los centros educativos y casi una tercera parte de los docentes consultados critica la falta de transparencia en la selección y dudan de que se haga con los mejores intereses del centro educativo en mente.

El país decidió hacer un gasto importante en educación. Los recursos del Ministerio aumentan a medida que disminuye la población estudiantil por razones demográficas. Ese no es un argumento para retroceder en el compromiso nacional con la educación, pero sí es importante saber si los recursos se invierten de manera eficaz. La cultura de la evaluación no existe en el Estado. Esa circunstancia es inexcusable en todos los casos pero, en materia de educación, las consecuencias están a la vista y las correcciones urgen.

Bien invertido, el 8% del producto interno bruto da para más. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos señaló la brecha entre la inversión y la calidad. Los estudios del programa Estado de la Educación contribuyen a explicar la brecha. Ambos apuntan a la necesidad de revisar la utilización de los recursos, no para disminuirlos, sino para sacarles el máximo provecho. Es bueno que los educadores costarricenses ganen lo más posible, a cambio de los mejores resultados.

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