Siete años tardarán en completarse las obras del Proyecto Limón Ciudad-Puerto, una ilusión ofrecida a la atribulada provincia en el 2008. Las obras proyectadas mejorarán el alcantarillado, el mobiliario urbano, los pasos peatonales e impedirán el desbordamiento del río Limoncito.
No se trata, en esta oportunidad, de una promesa infundada, sin el financiamiento necesario. Los fondos están disponibles gracias a un préstamo de $72 millones contratado con el Banco Mundial en junio del 2009 y una contrapartida de $8 millones a cargo del Estado.
Son $80 millones en total, una suma suficiente para hacer notables transformaciones en el principal puerto costarricense. Disponible el dinero, falta capacidad de ejecución. La unidad coordinadora del proyecto se vio obligada a admitir el atraso ante el Banco. En tres años no ha sido posible lograr la coordinación de las instituciones involucradas y los encargados citan la complejidad de las obras como causa de exculpación.
Las explicaciones son poco convincentes si se les contrasta con la realidad. Tres años invertidos en la construcción de un puñado de canchas de futbol, voleibol, baloncesto y patinetas, cuyo techado e iluminación todavía están en proyecto, solo demuestran las deficiencias de gestión. La reparación del edificio de correos, prometida para el 2013, tiene a la fecha un 43% de avance. Aun así, la inversión apenas representa el 3,3% de los fondos disponibles. Además, el país ejecuta obras igualmente “complejas” todos los años.
Según el informe rendido ante el Banco Mundial, la Comisión de Coordinación Institucional, integrada por funcionarios de alto nivel, sesiona cada tres meses y no se involucra en los aspectos operativos; es decir, en la ejecución. El personal de las unidades ejecutoras adolece de “limitada experiencia técnica y operativa”. En consecuencia, tampoco ejecutan. Los jerarcas de las instituciones involucradas no acuden a las reuniones y así contribuyen a la parálisis.
La víctima es Limón, pero también sufre el país a ojos de la burocracia bancaria internacional. Pasados más de tres años desde la aprobación del préstamo, nos vemos obligados a confesarnos incapaces de gastarlo pese a la urgencia de las necesidades contempladas en el proyecto. No es una buena carta de presentación para financiamientos futuros.
El Gobierno pone en juego, además, la credibilidad necesaria para impulsar los proyectos de modernización portuaria, cuyo impacto sobrepasará los confines de la provincia para incidir en el desarrollo de un país en buena hora orientado al comercio internacional.
En agosto del 2010, dirigentes provinciales ya acusaban los atrasos y los atribuían a la burocracia, la tramitología, la falta de interés y la ausencia de liderazgo, exactamente las mismas deficiencias admitidas dos años y medio después por los responsables del proyecto.
El Poder Ejecutivo, bien representado en la Comisión de Coordinación Institucional, no puede escapar a una importante cuota de responsabilidad. Es urgente la revisión de lo actuado por funcionarios del más alto nivel. No será útil sin el compromiso de un ejercicio de autocrítica, porque las responsabilidades no se limitan a la unidad ejecutora.
La oportunidad para acelerar las obras es propicia, a juzgar por los alentadores signos de la economía limonense. Es prematuro echar campanas al vuelo, pero en el 2012 la provincia consiguió un significativo despunte en el turismo, redujo la pobreza y mejoró los índices de empleo. El futuro dirá si se trata de una tendencia o un fenómeno momentáneo, pero el desarrollo de obras es un medio idóneo para contribuir a los mejores resultados.