EscucharCuando se discutía su creación como monopolio estatal, a inicios de la década de los años veintes, se pensó que el Instituto Nacional de Seguros (INS) llenaría una función social que la orientación al lucro no permitía cumplir a la empresa privada operando bajo competencia. Tal función social no fue claramente establecida y por eso quedó al arbitrio de los administradores de turno del monopolio de seguros.
Ahora que Costa Rica ha apostado por la globalización, conviene preguntarse qué función social juega el INS. ¿Ayuda a los propósitos de la competencia operar con un monopolio estatal o, por el contrario, este privilegio constituye una carlanca?
El INS funciona en un importante sector de la actividad económica y lo hace virtualmente a su antojo, pues no tiene supervisión de nadie más que de sí mismo. Difícilmente el ciudadano promedio (y, para el caso, el político promedio) conoce qué pasa dentro de la institución. Solo de vez en cuando nos enteramos de que unilateralmente modifica, a su favor, las condiciones de las pólizas de vehículos, que su cartera de aseguramiento se redujo, que está subsidiando algunas líneas de seguros con las primas de otras o que sus agentes reciben sumas millonarias.
En esta última materia hemos visto que el fin de lucro también mueve, y fuertemente, las acciones del INS. La diferencia respecto a la iniciativa privada es que lo hace dentro del coto de caza que le establece su ley orgánica de monopolio. Es así cómo, con el paso del tiempo, las convenciones colectivas que periódicamente firma la entidad con sus empleados han dado a estos más y más beneficios, en menoscabo de una adecuada relación entre precios y servicios para los usuarios. Los agentes, por ejemplo, obtuvieron el privilegio de "comisión permanente" sobre los seguros que vendieran, con independencia del servicio a sus clientes. Comenzaron a generarse remuneraciones altísimas para los miembros del cuerpo de ventas que, a la vez, engendraron también elevados pagos de prestaciones. Así, desde 1994, el INS ha pagado a 109 exagentes prestaciones por un monto total que sobrepasa los ¢1.800 millones. Estas sabrosas sinecuras difícilmente coinciden con la función social que don Tomás Soley y don Ricardo Jiménez entrevieron en el INS.
Actualmente el INS ha decidido contratar con empresas comerciales la venta de sus seguros, para eliminar la relación obrero-patronal que operó en el pasado y que tan cara se tornó. A esto llama "privatización". Pero, en estricto sentido, si bien este cambio podría ser favorable a los asegurados, su bondad no está garantizada, pues lo que una dura experiencia reclama es abrir a la competencia también la producción de seguros y no solo su venta. Mientras sea solo el INS el suplidor de seguros, el asegurado no podrá contar con el mejor producto y servicio al menor precio.
La apertura del monopolio de seguros comerciales formó parte del Tercer Programa de Ajuste Estructural (PAE III), pero, aparentemente, nuestra clase política sigue todavía atada a tesis caducas e injustas, por lo que no se atreve a implantar reformas que requieren decisión y firmeza.
