EscucharPedro Pablo Quirós, hasta hace pocos días presidente ejecutivo del ICE, y Jorge Arguedas, uno de sus principales dirigentes sindicales, están de acuerdo en algo: en el Instituto Costarricense de Electricidad o sobra personal, o está mal asignado, motivado y entrenado, o todas las cosas a la vez. Se trata de un diagnóstico inquietante, ante el cual ni las autoridades de la institución, ni el Gobierno, ni los usuarios, ni la sociedad podemos sentirnos satisfechos, aunque agradezcamos la tardía sinceridad de ambos.
En una entrevista que publicamos el pasado 13 de mayo, concedida el miércoles, 5, Quirós, ante la insistencia de nuestra periodista, dijo que en la institución, “en términos globales, sobran 2.000 empleados”. La planilla fija la calculó en 17.000; si se le suman los ocasionales, el número llega a 24.000. Pero, además de magnitudes, mencionó otros problemas: la “inamovilidad muy grande”, la dificultad (o imposibilidad) de hacer traslados internos, los problemas en los procedimientos de reclutamiento y la lentitud en lograr una actitud de servicio hacia los clientes.
Al día siguiente, Arguedas, presidente de la Asociación de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Comunicaciones (Anttec), recordó que, durante la gestión de Quirós, la planilla creció en 3.000 puestos, lo cual calificó como un aumento “desmedido”. Además, criticó los criterios de selección y la distribución del recurso humano según funciones, y reconoció que se debe estudiar si sobra o no personal.
No importan los matices que seleccionemos de cada una de sus versiones, hay algo muy claro: estamos ante una situación en verdad alarmante. Refleja un grave problema de productividad, que no solo, como afirmó Quirós, reduce la competitividad del empleado y afecta el desempeño del ICE; también repercute de forma negativa en sus finanzas, en sus tarifas, y en su capacidad para competir y servir al país. Es algo que tiene poco que ver con la competencia técnica que, sabemos, tienen muchos funcionarios del ICE, y se relaciona más con un desafío político, sindical, estratégico y gerencial.
El ICE es una institución-empresa de importancia clave, por los servicios que presta. Por una parte, está la generación, transmisión y distribución eléctrica, de la cual depende, tanto simbólica como literalmente, el movimiento del país; por otra, al menos hasta ahora, la casi totalidad de las telecomunicaciones, que constituyen la infraestructura básica de la economía del conocimiento, a la cual le hemos apostado como componente esencial de nuestra estrategia de desarrollo.
En ambos ámbitos, la estructura tarifaria ha seguido un principio que desestimula la eficiencia, porque su punto de partida son los costos, entre los cuales entran, precisamente, todas las ineficiencias, como el distorsionado manejo del recurso humano. En este caso, cada falla en productividad por empleado, implica un incremento en tarifas que, de otra manera, podría haberse evitado.
Ese esquema podría comenzar a quebrarse, en el ámbito de la energía, si la Asamblea Legislativa, como debería ser, aprueba la nueva ley de de electricidad, que crearía un mercado de generación limpia más abierto a la competencia. En telecomunicaciones, ya ha comenzado la pugna por el mercado de servicios de Internet y valor agregado, a los que pronto se sumará la telefonía celular. En este caso, o el ICE se hace más eficiente, o su capacidad para salir airoso de las nuevas condiciones se verá gravemente afectada.
La conclusión es que, tanto por el bien de la institución como del país, es hora de realizar una profunda revisión de las políticas de recursos humanos, no como un ejercicio para asignar responsabilidades sobre tantas decisiones disfuncionales del pasado, sino como acicate para el futuro.
Hasta ahora, los sectores sindicales han sido los más renuentes a seguir este camino. Las declaraciones de Arguedas representan un atisbo de cambio de actitud. Tanto él, como los demás dirigentes y empleados, deberían comprender que o el ICE se reforma profundamente, para ser más productivo y competitivo, o podrá entrar en un proceso de retroceso acelerado, con grandes costos no solo para el país, sino, en particular, para sus propios empleados. La tarea es tan importante como urgente.
