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Historia de cisternas

Actualizado el 11 de enero de 2013 a las 12:00 am

Ciento treinta cisternas no podrán seguir en servicio a partir de febrero, y entre ellas hay alguna con 67 años de rodar por las carreteras

En total, los propietarios de 130 de las 900 cisternas inscritas para la delicada tarea de transportar materiales inflamables, no cumplieron los requisitos

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“La eterna discusión entre los transportistas de combustibles y el Gobierno se centra en la edad de los camiones”, dice con toda precisión una nota publicada ayer en este diario. La discusión es, en efecto, eterna, pero el ministro de Ambiente y Energía, René Castro, decidió, por fin, darla por terminada. Ciento treinta cisternas no podrán seguir en servicio a partir de febrero y entre ellas hay alguna con 67 años de rodar por las carreteras.

Si fuera una persona, tendría años de pensionada y no andaría lejos de alcanzar la generosa expectativa de vida nacional. Cuando se fabricó, Hitler acababa de suicidarse y su camarilla de criminales todavía encaraba a los jueces en los tribunales de Nuremberg. El hombre no soñaba con llegar a la Luna (eso ocurriría casi un cuarto de siglo más tarde) y a Costa Rica le faltaban unos 15 años para llegar al millón de habitantes.

Es un caso extremo, pero emblemático. El propietario del vetusto equipo no presentó al Ministerio de Ambiente y Energía la documentación necesaria para renovar el permiso ni sometió la unidad a las pruebas técnicas para garantizar la seguridad del tanque. Es difícil atribuir la omisión a una mera coincidencia. Por las mismas razones, las autoridades archivarán los expedientes de cuatro cisternas con más de 52 años de servicio, 20 con más de 42 y 51 que superan las tres décadas.

En total, los propietarios de 130 de las 900 cisternas inscritas para la delicada tarea de transportar materiales inflamables no cumplieron los requisitos del Ministerio. En 119 casos, se trata de unidades con más de 22 años de servicio. No es de extrañar, porque el 54% de la flotilla supera esa edad, cuando la vida útil razonable de los equipos se estima en una década.

En vista de esos datos, se impone preguntar por qué la discusión ha sido “eterna”, según el señalamiento de la nota periodística. La unidad de 67 años circuló por nuestras carreteras muchas décadas después de agotado el tiempo razonable de uso y podría hacerlo todavía pues el límite quedó fijado para fin de mes.

La legislación aplicable al transporte de combustibles, vigente desde 1995, exigía sacar de circulación las cisternas con más de diez años de antiguedad, pero eso implica prescindir de más del 80% de la flotilla. En mayo del 2010, la Sala Constitucional concedió al Gobierno seis meses de plazo para cumplir la ley, pero el diferendo se resolvió mediante un decreto ejecutivo para extender la vida útil más allá de los diez años, previa revisión de las unidades.

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A tenor del decreto, los vehículos seguirán circulando, sin importar el modelo, mientras cumplan los requisitos exigidos para superar la inspección. Aun así, no ha resultado fácil aplicar el decreto. El Ministerio ha concedido cuatro prórrogas, desde el 2010, para revalidar los permisos de operación de las cisternas.

Vencida la última prórroga, los transportistas están molestos por las medidas del Ministerio y no descartan manifestarse públicamente, como lo han hecho en otras ocasiones con grave afectación del abastecimiento y la circulación vial. Es difícil defender la operación de las cisternas más antiguas y, entonces, enfilan las críticas a la lentitud de los trámites de renovación del permiso a cargo de la Dirección General de Transportes y Comercialización de Combustibles.

Si bien el Ministerio tarda meses en dar el trámite por concluido, la solicitud de revisión no implica la paralización de las unidades, no interrumpe el negocio ni la prestación de los servicios. Nada de eso excusa la lentitud, pero tampoco facilita comprender la adopción de medidas extremas de protesta.

Más atendible sería la alegada insuficiencia de las tarifas para renovar la flotilla. Es un argumento digno de estudio y, si en ese elemento residen las causas del problema, la revisión tarifaria debe ser expedita por el bien de la seguridad pública, en cuya salvaguarda ha habido demasiada flexibilidad hasta ahora.

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