EscucharComo la mítica Hidra, los privilegios dispensados al sector público fuera del Gobierno Central tienen múltiples cabezas. Cortar una es provocar la regeneración de otras dos, como sucedía con la imaginaria bestia de la antigüedad. En Montes de Oca, la Municipalidad dio por finiquitada la convención colectiva el 30 de setiembre pasado, pero los pluses salariales subsisten, plasmados desde el 2010 en el Reglamento Autónomo de Servicios del ayuntamiento.
La convención tenía diez años de firmada y no había sido renegociada. Por eso el Concejo la considera extinta, pero la única modificación real es la restricción de prerrogativas concedidas a los dirigentes sindicales, como el derecho a ausentarse medio día por semana de las labores cotidianas. Ahora, el sindicato exige renegociar la convención, partiendo de los beneficios estipulados en el reglamento.
En suma, extinta la convención colectiva, sus beneficios permanecen y, más bien, sirven de piso a las pretensiones sindicales para una futura negociación. Lo mismo ha sucedido en otras instituciones del Estado, y las autoridades apenas comienzan a cobrar conciencia del problema.
La Comisión de Negociación de Convenciones Colectivas establecida por la actual administración con representantes de los ministerios de Trabajo, Hacienda y Presidencia, así como del Servicio Civil, para revisar los gravosos privilegios incorporados a esos instrumentos a lo largo de décadas, tropezó con la realidad de los reglamentos luego de la denuncia de once convenciones. Hay otras nueve bajo estudio.
Como las convenciones colectivas, los reglamentos son fruto de negociaciones entre los administradores de las instituciones estatales y los dirigentes sindicales. No tienen fuerza de ley y pueden ser reformados por la administración, pero ahora representan un segundo obstáculo a los esfuerzos para moderar concesiones “contrarias al bien común”, para utilizar las palabras del viceministro de Trabajo Hárold Villegas.
La alerta surgió cuando la comisión procuraba una revisión de la convención colectiva vigente en la Junta Administradora del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec) y sus esfuerzos chocaron con la existencia del reglamento interno, donde los privilegios excesivos se encuentran consolidados. En algunos casos, como en el Ministerio de Planificación Nacional, ni siquiera existe una convención colectiva porque los beneficios, comparativamente modestos, se han hecho constar directamente en el reglamento.
Ahora, la comisión se propone rastrear los abusos concedidos o consolidados por vía reglamentaria para valorar su efecto y pertinencia. “La posición del gobierno es de defensa al derecho a las convenciones colectivas, pero hay que renegociarlas todas para eliminar las cláusulas abusivas que no corresponden a la situación del país”, afirma Villegas. Ahora será necesario modificar, también, los reglamentos.
La situación fiscal no deja mucho margen para privilegios, pero no es la única razón para hacer una profunda revisión de los beneficios concedidos hasta el momento. Elementales razones de justicia social impiden contemplar impávidos los insostenibles salarios de la Universidad de Costa Rica mientras se recorta, por razones fiscales, el presupuesto para dotar de computadoras a las escuelas de zonas marginales.
Igualmente grotescas son las prebendas concedidas en materia de incapacidades en instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social, cuyos empleados se ausentan por enfermedad cinco veces más que los de la empresa privada, especialmente cuando hay grandes acontecimientos deportivos, como un campeonato mundial de fútbol.
La lista es interminable y poco a poco el país ha venido conociéndola. El abuso ya cansa y los recursos no dan para financiarlo. Importantes prioridades se ven relegadas para mantener el ritmo de gasto en beneficio de unos pocos. Es hora de descabezar la Hidra en definitiva y hasta en la mitología había forma de hacerlo.
