Opinión

EDITORIAL

Hacemos historia en el lavado

Actualizado el 30 de mayo de 2013 a las 12:00 am

Por su tamaño y novedad, la operación financiera ilícita recién desarticulada por investigadores estadounidenses marca un hito.

Lo sucedido nos lastima, deja importantes enseñanzas y una amplia agenda de rectificación.

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La información sobre la gigantesca operación de lavado de dinero atribuida a la empresa Liberty Reserve, con importantes operaciones en Costa Rica, es todavía confusa. Sin conocerla a profundidad, es difícil saber si las entidades financieras de 17 países utilizadas para ejecutar las transacciones debieron estar en capacidad de detectar la irregularidad.

Entre esas entidades, muchas de ellas legítimas, figuran varias costarricenses donde hay cuentas congeladas por $19,5 millones. La petición de congelar las cuentas llegó cuando sus propietarios, conocedores de los primeros movimientos judiciales de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, habían comenzado a retirar grandes sumas de dinero para enviarlas a otros países.

La operación de la firma es novedosa y no sigue el patrón tradicional del lavado de divisas. Según informó el Wall Street Journal, los intercambios se basan en una moneda virtual, denominada con las siglas de Liberty Reserve (LR). Sin ninguna verificación, un usuario podía abrir una cuenta en la empresa, dirigirse a determinados intermediarios no registrados en países como Nigeria, Vietnam o Rusia y depositar dólares, euros o rublos.

El intermediario convertía el dinero en LR, moneda virtual que podía ser utilizada por el depositante para pagar costos de diversas operaciones ilícitas, como la compra de números de tarjetas de crédito robadas.

El pago se hacía en LR transferidos desde la cuenta del comprador a la del vendedor. Este último podía enviar los LR a otra casa de cambio para retirar de ella dinero real. También estaba en sus manos optar por el uso de los LR como pago por bienes y servicios comprados a otros clientes de Liberty Reserve.

Todas las operaciones, salvo el depósito inicial del dinero y su retiro final, eran ejecutadas en Internet bajo amparo del anonimato, pues la apertura de cuentas se hacía sin verificar la identidad del cliente, entre los cuales figuran nombres como “Hackers Rusos”.

Liberty Reserve cobraba 1% por transferencia más un cargo de $0,75 por “privacidad”, es decir, por esconder los números de cuentas y prácticamente imposibilitar el rastreo de los intercambios. Según las autoridades estadounidenses, la moneda virtual sirvió para mercadear narcóticos, pornografía infantil e información de tarjetas de crédito, además de asistir a los perpetradores de fraudes y otras actividades ilícitas.

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El negocio habría movilizado $6.000 millones y la policía lo califica como la mayor operación de lavado en la historia. Tomando en cuenta la novedad del esquema, nuestro país, como las demás naciones afectadas, deberá revisar si las circunstancias explican la ineficacia de los controles existentes, si es necesario modificarlos para encarar los nuevos retos del delito cibernético y si hay responsabilidades por adjudicar.

Existe, sin embargo, un aspecto del problema donde no hay duda de la necesidad de revisar normas y procedimientos. Arthur Budovsky Belanchuk, supuesto líder de la operación detenido en Madrid, adquirió la nacionalidad costarricense tras su matrimonio con una vendedora de empanadas que jamás lo conoció. La mujer, reclutada por un abogado, recibió ¢200.000 a cambio del enlace que abrió las puertas a la naturalización del ahora detenido.

La carta de naturalización fue entregada el 8 de diciembre del 2010, menos de cuatro años después de la condena de Budovsky a cinco años en libertad condicional por transferir ilegalmente unos $30 millones a cuentas desperdigadas por todo el planeta. La sentencia fue impuesta el 25 de enero del 2007 por la judicatura de Nueva York, ante la cual el imputado aceptó los cargos.

Ni nuestra ley ni los procedimientos aplicados impidieron el matrimonio fingido, el desconocimiento de los antecedentes judiciales, la creación de sociedades anónimas y la apertura de una cómoda oficina en plena capital. Lo sucedido deja muchas enseñanzas y una amplia agenda de rectificación.

El alcance de nuestras responsabilidades como país en otros aspectos del caso todavía no está claro. La trama es novedosa, hay muchas otras naciones afectadas y quizá nuestro papel preponderante se deba, en mayor o menor medida, a la mala fortuna. Imposible negar, sin embargo, que salimos lastimados y no está de más cualquier esfuerzo dirigido a impedir la repetición de acontecimientos similares.

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