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EDITORIAL

Guerra avisada

Actualizado el 03 de agosto de 2016 a las 12:00 am

Las autoridades de salud predijeron el surgimiento de importantes brotes de dengue en el 2016. Sus temores ya se hicieron realidad

El Congreso ha retrasado el trámite de una ley con sanciones para los responsables de crear condiciones insalubres

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En enero, las autoridades de salud revelaron su temor al surgimiento de brotes de dengue en el 2016. Esos temores ya se hicieron realidad, especialmente en el Pacífico Central y la Región Brunca. En lo que va del año, se han contabilizado 12.507 casos de dengue, la tercera incidencia más alta en los últimos doce años, según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Hay 262 casos por cada 100.000 habitantes. La tasa solo fue superada en el 2010 (324,9 por cada 100.000) y en el 2013 (345,2). En el 2010 hubo 15.507 enfermos y en el 2013, 16.458. No estamos lejos de alcanzar las estadísticas de los peores años. Era predecible. Ahora, como en otras épocas de epidemia, las autoridades ruegan a los ciudadanos eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, la fiebre chikunguña, de la cual hay 1.627 casos registrados, y el virus del Zika, que ya afectó a 186 costarricenses.

Las predicciones y llamados a desechar los objetos donde el zancudo establece sus criaderos no tuvieron los efectos deseados, a juzgar por las estadísticas. Las comunidades suelen movilizarse cuando la crisis se hace presente, no antes, y aun en ese caso, siempre hay personas con poca consideración para el vecindario. Una persona desinteresada basta para poner en peligro a la población circundante, no importa cuán cuidadosos sean sus miembros.

Por eso las autoridades sanitarias también han insistido en la necesidad de aprobar una ley con sanciones para los responsables de las condiciones insalubres, aptas para la reproducción del mosquito. El expediente permanece inactivo en la Asamblea Legislativa, aunque el llamado a aprobarlo se hizo, una vez más, cuando los encargados de controlar las enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti hicieron públicos sus pronósticos, ahora desafortunadamente cumplidos.

El proyecto crearía la posibilidad de imponer multas y adoptar otras acciones no contempladas en la actualidad. Las autoridades han girado 122 órdenes sanitarias en todo el país contra los responsables de acumular desechos donde el zancudo se reproduce, pero no han probado ser eficaces al punto necesario.

La Asamblea Legislativa debe actuar. La iniciativa de ley tiene dos años de presentada. Ingresó a la corriente legislativa en el 2014, pero no muestra mayor avance. Hace meses, Roberto Castro Córdoba, jefe de la Unidad de Análisis Permanente de Situación de Salud dijo estar convencido de que el tema no está en la lista de prioridades de los diputados.

Ese no parecía ser el caso cuando el proyecto llegó a la Asamblea Legislativa. Acababa de pasar la gran epidemia del 2013, cuyo costo se calculó en ¢3.870 millones, además del sufrimiento de unos 50.000 afectados. El momento creó condiciones propicias para un trámite expedito, pero el paso de los meses fue disminuyendo el entusiasmo. El Congreso no debe legislar a impulsos, pero tampoco con tardanza, sobre todo cuando las previsiones de los expertos fijan prioridades tan claras.

A los diputados de las zonas más afectadas les toca ser los primeros en retomar el esfuerzo legislativo. La Fortuna de San Carlos, Quepos, Parrita, Buenos Aires, San Ignacio de Acosta, San Isidro de El General y Cariari de Pococí están entre las zonas más afectadas en la actualidad. En ellas la incidencia del dengue supera ampliamente el promedio nacional. Los representantes de esas comunidades en la Asamblea Legislativa les harían un significativo servicio a ellas y al resto del país si tomaran el asunto en sus manos para impulsar una ley capaz de salvar vidas y ahorrar muchos sufrimientos, además de cuantiosas sumas de dinero.

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