Opinión

EDITORIAL

Golpe al Sistema Interamericano

Actualizado el 18 de junio de 2015 a las 12:00 am

La elección del presidente de la Corte Constitucional ecuatoriana como juez de la Corte Interamericana es, desde todo punto de vista, inconveniente

El magistrado no encuentra incongruencias entre las abusivas leyes de su país y el ejercicio de la libertad de expresión

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En su respuesta a nuestro editorial del 11 de junio, el embajador de Ecuador, Claudio Cevallos Berrazueta, confirma, sin proponérselo, todas las razones esgrimidas en aquel momento contra la elección del presidente de la Corte Constitucional de su país, Patricio Pazmiño, al cargo de juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El magistrado Pazmiño, ahora juez electo de la Corte Interamericana, coexiste en completa armonía con la Ley Orgánica de Comunicación promovida por el gobierno del presidente Rafael Correa, cuya contraposición con la doctrina y jurisprudencia internacional sobre derechos humanos es evidente. En setiembre del año pasado, la Corte Constitucional rechazó tres acciones contra la legislación de prensa que declara la información “servicio público”, de manera que el gobierno interviene en ella a su antojo.

Al amparo de esas leyes, la burocracia ecuatoriana impone a los medios el silencio. De 270 procesos incoados en un par de años, 142 fueron planteados por funcionarios públicos. Bajo semejantes presiones, la revista Vanguardia, los periódicos Hoy , La Hora de Manabí y Diario Meridiano cerraron operaciones junto a decenas de radioemisoras. Otras publicaciones, como El Universo , sufren acoso constante.

Para justificar la coexistencia sin objeciones del juez Pazmiño, el embajador informa del resultado de un referéndum celebrado en el 2011 sobre la necesidad de crear “un Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita”. Como es usual, la lista de contenidos por regular se alinea con las mejores causas, como la lucha contra la discriminación y la defensa de la niñez, pero en algún punto y como quien no quiere la cosa, añade las informaciones falsas o con ánimo doloso.

Para juzgar el dolo o la falsedad, así como muchas otras conductas, se estableció la Superintendencia de Comunicación, un órgano administrativo capaz de imponer sus criterios con el respaldo de fuertes sanciones, como la que dictó recientemente contra el diario La Hora, por no cubrir la “rendición de cuentas” del alcalde de la ciudad andina de Loja.

La misma Superintendencia, fuertemente influida por el gobierno, impuso al diario El Universo una desproporcionada multa, equivalente al 10% de su facturación de los tres últimos meses, por no satisfacer el derecho a réplica del secretario nacional de Comunicación, en los términos en que al funcionario le hubiera gustado. Al director del periódico también se le obligó a disculparse, por escrito, y a publicar la disculpa durante siete días consecutivos.

Así, la Superintendencia impone algunos contenidos, censura otros y, en general, pesa como espada de Damocles sobre los medios de comunicación ecuatorianos. Es una institución similar a la del proyecto de ley mordaza firmemente rechazado por la opinión pública costarricense, pero mucho más grave.

El juez Pazmiño no encuentra incongruencias entre esas leyes y el ejercicio de la libertad de expresión. Quizá sea porque surgen del referéndum ganado por el gobierno con 51,68% de votos a favor y 48,32% en contra. El problema es que en los países genuinamente democráticos, los derechos humanos no son sometidos a votación, aunque esa idea sea consistente con el aberrante concepto expresado por el juez Pazmiño sobre la prevalencia de los derechos colectivos sobre los individuales.

Los derechos humanos pertenecen a la persona, no a la colectividad, y existen precisamente para evitar el abuso de las mayorías, sean tan estrechas como las del referéndum ecuatoriano o tan amplias como se presenten en otros casos. La Sala Constitucional costarricense, por ejemplo, impidió la celebración de un referéndum sobre el proyecto de ley de unión civil entre personas del mismo sexo porque someter al dictamen de la mayoría los derechos de una minoría podría profundizar la discriminación.

La confusión entre democracia y dictadura de la mayoría está en la base del llamado socialismo del siglo veintiuno, practicado en varias naciones sudamericanas con nefastas consecuencias para las libertades públicas y los derechos humanos. Al amparo de circunstanciales mayorías electorales, cuya permanencia en el tiempo nunca está garantizada, esos gobiernos establecen normas aptas para perpetuarse en el poder y sofocar la crítica.

Nuestro editorial pretendía advertir sobre el intento de permear el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos con esa línea de pensamiento por medio de la elección de jueces como Pazmiño.

Para hacerlo, no podíamos dejar de señalar que el presidente Correa es uno de los principales líderes del asalto contra la libertad de expresión en el continente. El embajador Cevallos encuentra que la expresión es “grave y difamatoria”. La diferencia de opinión y la sentencia dictada por el diplomático harían temblar a un medio ecuatoriano. Por una “falta” semejante, los directores y un columnista de El Universo fueron condenados a tres años de cárcel y $40 millones de multa en un proceso judicial repleto de irregularidades.

Correa, que no mide sus palabras a la hora de calificar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como defensora de la “libertad de extorsión del periodismo” y de acusar a la Corte de estar “dominada por las ONG y por los intereses del gran capital”, no admite crítica en su contra.

Pazmiño, dice el embajador, fue elegido miembro de la Corte Constitucional luego de un concurso de méritos, oposición y escrutinio. Pero también cabe destacar que eso ocurrió cuando el Congreso, dominado por partidarios del presidente Correa, cesó a todos los miembros de la anterior Corte Constitucional sin respetar su derecho a la defensa, al punto que la Corte Interamericana condenó a Ecuador por violar el debido proceso y la independencia e imparcialidad judicial. Pazmiño fue elegido por la Asamblea Nacional como uno de los magistrados destinados a reemplazar a la Corte provisional nombrada luego de la destitución en pleno de sus antecesores.

La Nación no está sola en su preocupación por la elección de Pazmiño. Defensores de los derechos humanos en todo el continente la cuestionan y, en el propio Ecuador, el expresidente de la Corte Interamericana Hernán Salgado opina que Pazmiño “no es un candidato idóneo” porque “varias sentencias” evidencian su apego a los intereses de la administración. “Si una persona no independiente va como juez, y le hace el juego al Gobierno, es un peligro enorme para el Sistema Interamericano”, afirmó.

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