Opinión

EDITORIAL

El Gobierno induce a error

Actualizado el 07 de octubre de 2015 a las 12:00 am

No es cierto que el proyecto de presupuesto ahorre ¢388.350 millones, pero las autoridades intentan hacerlo creer mediante una fuerte inversión publicitaria

La cifra no sale de la comparación con el presupuesto anterior, sino de la diferencia entre el proyecto y los recursos pedidos por las instituciones

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El Gobierno invierte fondos públicos en una campaña publicitaria para convencer al país de que su propuesta presupuestaria ahorra ¢388.350 millones. No es cierto, pero las autoridades repiten el mensaje con insistencia. Los fondos públicos no deben utilizarse para inducir a error. Más bien, la Administración Pública debería abstenerse de inducir a error aunque no emplee dinero del erario para lograrlo.

La falsedad de los anuncios se demuestra con facilidad. Todos los años, las instituciones gubernamentales presentan al Ministerio de Hacienda una propuesta donde, como es de esperar, piden el oro y el moro para lograr lo más posible, pero siempre con la certeza de que no obtendrán la totalidad. Es la misma lógica del vendedor que pide un precio alto para dejarse un margen de negociación hacia abajo.

Todos los años, el Ministerio de Hacienda recorta las peticiones para producir el proyecto de presupuesto enviado a la Asamblea Legislativa. El ritual es de siempre, no de ahora. Así funciona el proceso y las partidas rechazadas no pueden considerarse ahorro. Hay ahorro cuando el presupuesto aprobado para un año es menor que el del año anterior. Sobra decirlo, pero la campaña publicitaria de la Administración no deja alternativa.

El Gobierno no saca la publicitada cifra de ¢388.350 millones de la comparación entre el presupuesto del 2015 y el plan de gastos enviado a la Asamblea Legislativa para el 2016, sino de la comparación entre las peticiones de las entidades estatales y el definitivo proyecto de presupuesto para el 2016. Con ese parámetro, todos los gobiernos nos han “ahorrado” sumas impresionantes.

Los más “ahorrativos” son los integrados por los funcionarios más dispendiosos y despreocupados por la salud de las finanzas públicas. Si la Administración actual desea “ahorrar” todavía más el año entrante, basta con girar una directriz a las cabezas de las instituciones para pedirles imaginar un presupuesto sin límites, donde todas las necesidades queden satisfechas y sobre algo para ofrecer servicios adicionales. Luego, Hacienda puede ajustar las pretensiones y diseñar una campaña para publicitar economías históricas, no importa si en realidad el gasto crece de manera desmedida.

Cuestionado sobre la veracidad del mensaje, el Gobierno admite que la cifra publicitada es la diferencia entre “la primera versión” enviada por las instituciones al Ministerio de Hacienda, donde “se hace un ejercicio de poda” para plantear el definitivo plan de gastos. Según el ministro de Comunicación, el anuncio “afirma que ya se hizo un ejercicio de recortes por un monto equis”.

No es cierto. El anuncio dice el monto y no explica su origen. Para lograr la admisión de una verdad tan sencilla como que el “ahorro” tan solo representa la diferencia “entre el anteproyecto y lo que se envía finalmente”, fue necesario entrevistar al ministro y confrontarlo con una realidad que no puede ser negada: el presupuesto del año entrante, lejos de disminuir en ¢388.350 millones, como la publicidad induce a creer, más bien aumenta en ¢220.000 millones.

Según el ministro, no hay intención de crear la errónea impresión de que se trata de recortes en relación con el presupuesto anterior. Para creerle, deberíamos también aceptar que el Gobierno es tan obtuso como para considerar que la información relevante no es el gasto verdadero, sino la “lista del Niño” enviada por las instituciones y eliminada de entrada.

¿Permitiría la Comisión de Defensa del Consumidor una campaña publicitaria de este tipo a una empresa privada? Ojalá que no. Si en su papel de consumidor el ciudadano tiene derecho a protección frente a la publicidad engañosa, con más razón le asiste ese derecho cuando los datos afectan la conducción de los asuntos públicos y emanan del Gobierno.

La campaña publicitaria también afirma que el proyecto de presupuesto enviado al Congreso es el de menor crecimiento en diez años. La Administración insiste en que el aumento es de apenas un 0,5%, pero omite señalar que el porcentaje es en relación, esta vez sí, con el plan de gastos del año anterior, impuesto contra la voluntad de la mayoría legislativa con un exorbitante 19% de aumento. Es decir, el 0,5% se calcula a partir del monto de uno de los planes de gasto más dispendiosos de la historia reciente. Aun así, el 0,5% solo sería cierto si no se toman en cuenta las amortizaciones de deuda en el proyecto actual y el precedente. De lo contrario, aumenta un 4%, rondando la inflación y siempre calculado sobre los excesos del año anterior.

En cualquier caso, un presupuesto de crecimiento moderado no implica reducción del gasto. Si el pago de deudas disminuye por un descenso en el número de vencimientos o canjes para posponer el pago, el gasto y el déficit pueden crecer sin aumentar el presupuesto. Así, la afirmación sobre el bajo crecimiento es muy discutible, es decir, pertenece a la esfera del debate público, contrario al “ahorro” de los ¢388.350 millones, que no pasan de ser una falacia publicitaria, desafortunadamente promovida por la Casa de Cristal y que nunca debió tener cabida en la discusión.

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