EscucharDurante las últimas semanas se ha puesto de manifiesto en la Asamblea Legislativa una peligrosa tendencia hacia el otorgamiento de privilegios a grupos y hasta empresas específicas, sobre todo mediante iniciativas para condonar o readecuar deudas con cargo al erario, es decir, a todos los contribuyentes. Los diputados no solo deben poner fin a esta peligrosa carrera clientelista, sino también cuidarse mucho de no introducir en ella un factor aún más distorsionante: los propios intereses financieros de sus partidos.
A esto último apuntan, precisamente, varias propuestas destinadas a reducir los controles del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre el proceso de liquidación de la contribución estatal a dichas agrupaciones. Algunas de estas iniciativas, de las que informamos en nuestra edición del pasado martes 2, apenas son ideas expresadas por diputados de Liberación Nacional, el PUSC, el Movimiento Libertario y la Alianza Demócrata Cristiana. Sin embargo, ya existe un borrador de un proyecto de ley del diputado Fabricio Alvarado, de Restauración Nacional, que implicaría un serio retroceso en la materia.
Entre las cláusulas que contempla están impedir que el TSE rechace facturas anómalas antes de girar el dinero; exigir únicamente la certificación de un contador público autorizado para girar el porcentaje que les corresponda de deuda política y hasta eliminar el requisito de que los proveedores utilicen facturas autorizadas por Tributación Directa. Esto último, entre otras cosas, estimularía la evasión fiscal que tan necesario es combatir.
Iniciativas de tal índole no solo conspiran contra la transparencia del proceso electoral; también abonan a la pérdida de credibilidad de los partidos políticos frente a la ciudadanía, algo en extremo preocupante para la legitimidad de nuestro sistema político e, incluso, la democracia.
Cuando hace seis años se emitió una nueva versión de Código Electoral, uno de los aspectos que se intentó mejorar fue, precisamente, el manejo de la contribución estatal a los partidos, tanto para financiar gastos durante el proceso electoral como para estimular la organización y capacitación permanentes. Esta última faceta ha sido descuidada, de lo cual esas agrupaciones son las únicas responsables; respecto al financiamiento de las campañas, lo que se hizo fue establecer una serie de filtros que evitaran descontroles o malos manejos de parte de algunos dirigentes o militantes para garantizar mayor pulcritud y transparencia en el uso de los recursos públicos.
Los partidos, en general, se quejan de lentitud por parte del TSE para procesar las facturas y otra documentación. Por su parte, el presidente de este organismo, Luis Antonio Sobrado, señala que, gracias a las reformas al Código, el tiempo de respuesta se logró bajar de 21, antes del 2009, a 9 meses en promedio. Es una avance sustantivo; sin embargo, todavía implica un tiempo muy prolongado.
La solución a los retrasos o las posibles rigideces innecesarias no es eliminar o vaciar de relevancia a los “purificadores” del gasto establecidos por la legislación. Lo que corresponde, más bien, es analizar seriamente cómo mejorar su aplicación, sea mediante algunos ajustes puntuales, afinamientos en la reglamentación o el mejoramiento en los procesos de presentación de documentos por los partidos y su revisión por el TSE.
A lo anterior debería añadirse un uso más lúcido, por parte de las agrupaciones políticas, de las posibilidades que brinda el artículo 93 del Código para financiar necesidades y actividades vinculadas con su organización interna, la organización de cuadros, los análisis de opinión y coyuntura y la divulgación de ideas.
El país necesita partidos más fuertes, representativos y legítimos, con mejores cuadros, organizaciones vivas, plataformas programáticas serias y aplicables y una capacidad más orgánica de interacción con grupos y sectores.
Para lograrlo no solo debemos mejorar los procesos para liquidar los gastos de campaña con apego a adecuados controles; también es necesario apostar más al desarrollo institucional.
