Opinión

EDITORIAL

Financiamiento de infraestructura

Actualizado el 22 de octubre de 2014 a las 12:00 am

Los fideicomisos y la titularización de activos no deben ser entendidos como mecanismos excluyentes o aplicables a todas las obras necesarias

Costa Rica no debe renunciar al modelo de las concesiones, tan exitoso en otros países

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El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) publicó un nuevo reglamento para operar fideicomisos, entre ellos los destinados a desarrollar obra pública, y mejorar los procesos de titularización de activos. El propósito es superar las limitaciones y lagunas existentes en la actualidad.

En el sector público, la figura se ha aplicado a un puñado de proyectos, sobre todo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), como la planta hidroeléctrica Cariblanco, pero no ha estado exenta de objeciones. La Superintendencia General de Valores (Sugeval) cuestionó la seguridad del mecanismo para los inversionistas. En particular, le inquietaba la emisión de deuda basada en flujos futuros.

La nueva reglamentación procura equilibrar los intereses de quienes apelan al ahorro público para financiar proyectos y los intereses de los inversionistas, cuya protección corresponde a la Sugeval. La intención es ampliar la creatividad, la innovación y las posibilidades de estructuración, exigiendo a cambio transparencia, tanto en el financiamiento como en la gestión de los proyectos.

Las posibilidades se abren también para el sector privado, pero es en el desarrollo de infraestructura pública donde podrían tener mayor impacto. A partir de los reglamentos publicados el 3 de octubre, las instituciones del Estado podrán ensayar, una vez más, el desarrollo de obras con financiamiento de inversionistas de todo tipo.

Bien manejados, los fideicomisos pueden quedar a salvo de los peligros señalados hasta ahora. Ojalá que la precaución se extienda a la posibilidad de disimular incrementos imprudentes en el gasto y endeudamiento público mediante la conversión de las deudas en pagos por alquileres.

Existe un límite económico al uso de estas figuras y, por eso, es importante no entenderlas como mecanismos excluyentes o soluciones aplicables a todos y cualquiera de los proyectos necesarios. Costa Rica está lejos de contar con los recursos requeridos para poner su infraestructura al día (al menos, $10.000 millones) y no podrá recaudarlos con la sola aplicación de los mecanismos de titularización y fideicomiso.

Al tamaño de las obras necesarias se suma la premura. Muchas obras indispensables para mejorar la competitividad de la producción nacional y la calidad de vida de los ciudadanos han estado en planos durante demasiado tiempo. El monto de las inversiones, la necesidad de desarrollar las obras con prontitud y los límites al endeudamiento aconsejan emplear otros medios para desarrollar infraestructura, en particular la tan discutida concesión de obra pública.

Es imposible desconocer las polémicas suscitadas por varias de las concesiones tramitadas hasta ahora, pero tampoco es razonable olvidar el éxito conseguido por ese medio en otros casos. La operación portuaria de Puntarenas es un ejemplo, pese a los litigios que entorpecieron la construcción de la terminal granelera. Aun en ausencia de esas instalaciones, la empresa concesionaria logró movilizar cantidades de carga jamás imaginadas, como lo demuestran las exigencias del contrato, demasiado modestas en comparación con los resultados.

Costa Rica no debe renunciar al modelo de las concesiones, tan exitoso en otros países. Si fuera necesario fortalecer el Consejo Nacional de Concesiones y revisar, una vez más, la legislación aplicable, adelante, pero con prontitud, porque se trata de un medio indispensable para el desarrollo nacional.

Los cuestionamientos debatidos a lo largo de los últimos años no pesan sobre el mecanismo. Se refieren, más bien, a la gestión. Las deficiencias técnicas detectadas en el Consejo, los problemas con los carteles de licitación y la mala supervisión de las obras no son problemas consustanciales a las concesiones de obra pública, sino a las que se han hecho mal.

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