La confesión de Eduardo Li, expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol, debería constituirse en un llamado a profunda revisión del organismo rector del popular deporte en nuestro país. Li aceptó tres de los catorce cargos lanzados en su contra por la Fiscalía de Nueva York, incluidos fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico, así como participación en crimen organizado ( racketeering ).
Los cargos son graves, tanto como el daño causado a la confianza depositada en la Federación por un país donde el balompié tiene altísimo significado. Por supuesto, también hay daños materiales. Li confesó haberse apropiado de $90.000 enviados por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) para restaurar un estadio sede del mundial femenino celebrado en nuestro país en el 2014. Además, confesó la aceptación de un soborno de $500.000 para conseguir que una empresa estadounidense confeccionara los uniformes de la Selección Nacional.
Los derechos de transmisión y mercadeo de los partidos eliminatorios para la Copa Mundial del 2022, así como varios juegos amistosos, también se constituyeron en fuentes de ingresos para el dirigente que ahora espera la sentencia de la Corte del Distrito Este de los Estados Unidos.
Con el fallo se cerrará el caso de Eduardo Li, pero la Federación Costarricense de Fútbol no puede seguir adelante como si nada. La sombra proyectada sobre el organismo por la confesión de Li exige explicaciones profundas. La Federación debe investigar hasta comprender exactamente cómo ocurrieron los hechos, cuáles medidas de control faltan y cuáles existen pero fueron vulneradas.
Una vez precisados los detalles del caso, la Federación debe informar al país y establecer un plan para impedir sucesos similares en el futuro. La FIFA se distingue por comportarse como un Estado independiente. En esa arrogancia residen las vulnerabilidades que ahora estallan como crisis. Pero la Federación local, por mucho que lo intente, no podrá actuar con el mismo grado de indiferencia hacia el país y los aficionados.
Luego de lo sucedido y del involucramiento del nombre de Costa Rica en el escándalo de corrupción más sonado del deporte internacional, tenemos derecho a exigir cuentas y garantías. En particular, es importante notar que parte de los ingresos indebidos de Li provienen de los juegos de clasificación para el Mundial de Catar, pero todavía no se ha jugado el Mundial de Rusia 2018. La mínima intención de transparencia de la Fedefútbol exige una revisión, a vista de todos los interesados, de los acuerdos relativos a la próxima justa deportiva. Con la de Catar ya sabemos que hay problemas.
Por otra parte, falta esclarecer, entre versiones contradictorias, a quién correspondía fiscalizar el Mundial Femenino del 2014 y cómo consiguió Li la aceptación de las facturas falsas utilizadas para desviar los $90.000. Es difícil creer que el presidente de la Federación no necesitara la ayuda, aunque fuera de buena fe, de otras personalidades del fútbol.
La Federación tiene la obligación de reconstruir los hechos, establecer si existen indicios de otras conductas cuestionables, aun desde el punto de vista de la debida diligencia, y anunciar las medidas correctivas para impedir la repetición de hechos tan lamentables, cuya existencia quizá ignoraríamos de no ser por la decidida intervención de las autoridades estadounidenses y suizas.
Al aceptar los cargos, Li pidió perdón a Costa Rica y dijo estar arrepentido de sus actuaciones. La Federación también tiene motivos de contrición y todavía no los ha manifestado con claridad y efectos prácticos en lo tocante a la necesaria enmienda.