Opinión

EDITORIAL

Feliz iniciativa para la seguridad

Actualizado el 10 de octubre de 2015 a las 12:00 am

Ya es hora de aprovechar a la Fuerza Pública para imponer el orden en las vías nacionales

Los accidentes de tránsito son responsables de muchas más muertes violentas que la delincuencia común, incluido el narcotráfico

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Los oficiales de la Fuerza Pública tendrán potestades para intervenir en asuntos de vialidad y podrán imponer multas a los infractores de la ley. Solo falta el estudio y firma del convenio entre los Ministerios de Seguridad Pública y Obras Públicas y Transportes para iniciar la capacitación de la Guardia Civil.

Ya era hora. Los accidentes de tránsito son responsables de muchas más muertes violentas que la delincuencia común, incluido el narcotráfico. Todos los homicidios, desde los causados por violencia doméstica y riñas hasta los perpetrados por el crimen organizado, se quedan cortos frente a la triste estadística de muertes accidentales. El arma más letal en nuestro país es el vehículo, no las pistolas y los puñales.

Los 763 oficiales de tránsito no dan abasto y las autoridades del sector calculan el faltante en 1.100 policías. Atienden colisiones, muchas de ellas de poca monta, en las cuales deben invertir mucho tiempo. Tienen a su cargo la vigilancia de miles de kilómetros de carreteras y su presencia es necesaria a todas horas. Por eso en las vías de Costa Rica no hay ley.

La Fuerza Pública cuenta con unos 14.000 oficiales y no tiene sentido desperdiciar el potencial de contingentes tan importantes tan solo por la tradicional separación burocrática entre policías de tránsito y agentes de seguridad, especialmente con vista en el número de muertes causadas por los accidentes.

La ley también permite a las policías municipales capacitarse para colaborar con las autoridades de tránsito. Cartago, Tres Ríos, Heredia, Alajuela, Barva, Mora, Santa Ana y San Rafael ya tomaron la iniciativa, con buenos resultados inmediatos. San José va a la zaga, pero el proyecto está en marcha. Según la ley, un porcentaje del dinero recaudado por multas puede ser trasladado a los cuerpos policiales que las hayan impuesto. Dependiendo de su eficiencia, algunos de ellos podrían fortalecerse y financiarse por esa vía.

La Asamblea Legislativa debe hacer su parte para frenar la masacre y proteger la calidad de vida de la ciudadanía. La ley contiene importantes omisiones, todas culpa del Congreso, que dificultan el control de las vías. Por ejemplo, los diputados prohibieron la emisión de ruidos excesivos, pero olvidaron imponer una sanción. Hay un proyecto de ley para enmendar ese y otros desaciertos, pero no remedia todas las debilidades de la normativa. Los legisladores deben trabajar en consulta con la Policía de Tránsito, que conoce los problemas de primera mano y puede ofrecer aportes de valor inestimable.

También es preciso reclutar la ayuda de la Procuraduría General de la República y los magistrados de la Sala Constitucional, o quizá del diputado Carlos Arguedas, que en su momento ocupó un puesto en ese alto tribunal, para resolver los problemas de notificación y los defectos que han debilitado la posibilidad de imponer partes impersonales y utilizar medios de vigilancia electrónica.

Urge una ley bien redactada, sin ambigüedades ni omisiones, para dotar a la formidable fuerza de vigilancia integrada por policías de tránsito, municipales y de la Guardia Civil de los instrumentos jurídicos necesarios para retomar el control de nuestras calles y carreteras, hoy en manos de la imprudencia y de auténticos delincuentes del volante, como los protagonistas de carreras ilegales, conocidas como “piques”, cuya diversión ya ha costado vidas en barrios céntricos y populosos de la propia capital, para no mencionar el infierno que el bullicio de sus vehículos alterados crea para miles de costarricenses, cuyo derecho a la salud y el descanso fenece a manos de la falta de autoridad.

En estos momentos de estrechez presupuestaria, es difícil pensar en proporcionarle a la Policía de Tránsito todos los recursos humanos necesarios, pero si hay un lugar donde el crecimiento de la planilla se justifica, es precisamente allí. Las plazas pueden salir de recortes en otras dependencias o de algún esfuerzo adicional, pero los fallecidos y otras víctimas de los abusos en las vías merecen ser honrados con un esfuerzo sincero para remediar las causas de su victimización.

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