Opinión

EDITORIAL

Fantasmas en las aulas

Actualizado el 10 de abril de 2013 a las 12:00 am

Más allá del desperdicio, las matrículas infladas introducen graves iniquidades en el sistema educativo

El MEP carece de un sistema electrónico de matrícula. En consecuencia, se conforma con informes manuales del número de alumnos por nivel

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En las listas de matrícula de escuelas y colegios sobran más de 41.000 estudiantes. Es un 6% del total. El dato implica mucho más que la necesidad de corregir estadísticas necesarias para comprender fenómenos como la deserción escolar. Tiene otras consecuencias graves, cuantificadas en ¢49.000 millones al año, una verdadera sangría del presupuesto educativo.

La información publicada por este diario el domingo y lunes confirma a gran escala las conclusiones de un informe de la Auditoría del Ministerio de Educación Pública (MEP). Los auditores internos identificaron el problema, pero nuestros reportajes lo describen en toda su asombrosa magnitud.

El dinero desperdiciado alcanzaría para construir 2.400 aulas o pagar el salario de ¢5.000 profesores de inglés. Es suficiente, además, para pagar la educación de la mitad de los colegiales de San José, con mucho la provincia de mayor población estudiantil.

En el desperdicio hay injusticia. El sistema educativo costarricense figura entre las prioridades presupuestarias del Estado, pero sus necesidades están lejos de ser satisfechas. El dinero no alcanza. Eso magnifica la injusticia de malgastar los recursos existentes.

Más allá del desperdicio, las matrículas infladas introducen graves iniquidades en el sistema. Entre las más evidentes está la distorsión de los fondos destinados a comedores escolares. Los centros educativos con más alumnos obtienen mayor presupuesto. Si en sus nóminas aparecen estudiantes ficticios, obtienen un exceso de fondos para alimentos. Lo mismo sucede con la asignación de docentes, lecciones y otros recursos educativos.

Los directores de escuelas y colegios ganan según el número de estudiantes matriculados y, con frecuencia, uno o dos alumnos pueden hacer la diferencia entre una y otra categoría salarial. El MEP dice carecer de pruebas para demostrar dolo en la alteración de los números. Directores de escuelas y colegios donde se constató el fenómeno lo atribuyen a razones diversas: faltaron estudiantes el día de la auditoría, los alumnos desertaron o hicieron doble matrícula, entre otras razones.

La discusión, cuando menos, deja en claro que el MEP está ayuno de los datos necesarios para exigir cuentas. Carece de un sistema electrónico de matrícula. En consecuencia, se conforma con informes manuales del número de alumnos por nivel, pero no conoce sus nombres, números de cédula y otros datos útiles para la verificación y control.

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Los ¢49.000 millones desperdiciados al año y sus graves consecuencias para los centros educativos no favorecidos por la matrícula fantasma justifican la inversión necesaria para digitalizar los datos y fortalecer la supervisión. El caso es emblemático de los beneficios asequibles mediante la transparencia de la tecnología digital.

Cabe preguntarse por el destino de los fondos asignados en exceso. ¿Pueden los encargados de un centro educativo recibir más de lo necesario sin darse cuenta? La situación suscita dudas sobre la supervisión en todos los niveles: las direcciones de escuelas y colegios, los inspectores regionales, la burocracia del Ministerio y las juntas de educación, cuyo propósito no debe ser allegar recursos al centro educativo local sin importar los medios.

El ministro Leonardo Garnier afirma que el dinero desperdiciado “no nos lo vamos a ahorrar ni gastar en otra cosa que no sea educación”, pero admite la distorsión en la asignación de recursos. Ese es el punto, no el ahorro.

La sociedad costarricense no necesita ser convencida de la importancia de cada colón invertido en educación, pero sí tiene interés en su cabal aprovechamiento.

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