EscucharLa conferencia de prensa, anteayer, del exministro de la Presidencia Rodrigo Arias, en la Asamblea Legislativa y el acuerdo, por unanimidad, un día antes, de la Corte Plena para iniciar un proceso disciplinario sobre el proceder del fiscal general, Jorge Chavarría, exponen –en aquella por su absurdo y abusivo uso de las instalaciones públicas, y en la Corte por la trascendencia de la decisión– tres dimensiones de un conjunto de hechos y declaraciones que lastiman seriamente la independencia de los poderes del Estado y valores básicos de la gestión pública.
Se trata, en sus orígenes, de la donación de $2.000.000 del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) al Gobierno anterior que, considerada por la Contraloría y la Procuraduría como fondos no públicos, el Ministerio de la Presidencia usó, a la sazón, con excesiva liberalidad y desorden, lo que el Ministerio Público estimó objeto de una indagación contra su titular por encajar las contrataciones, según la Fiscalía, en la comisión del delito de peculado.
La Nación informó, en un reportaje del 30 de junio del 2008, sobre la inconsistencia de las contrataciones de consultores y otros, y sobre la escasa claridad en la modalidad de la administración. No culpó al exministro Arias, como él ha reiterado, de delito alguno y, mucho menos, se trata, como afirmó en la Asamblea Legislativa, de una “trama” en su contra, una usual coletilla verbal en estas circunstancias que, desprovista de razones, deja intacta la objetividad de las informaciones.
Tres dimensiones, como expresamos, resaltan en la serie iniciada con la recepción y uso de las donaciones del BCIE en el 2008, seguida, el 8 de octubre del 2010, por la notificación de indagatoria al ministro Rodrigo Arias, de parte de la Fiscalía General, y la suspensión de aquella por orden de Jorge Chavarría, una semana antes de asumir su investidura de Fiscal General.
Según las informaciones probadas de La Nación, que el exministro Arias ha tratado vanamente de desvirtuar, él llamó por teléfono al ministro de Seguridad Pública, José María Tijerino, para que lo informara del caso en el seno de la Fiscalía. El ministro Tijerino satisfizo este ruego con una llamada a la fiscala Emilia Navas, opuesta, con cuatro fiscales, a la suspensión de la indagatoria.
En este compendio de hechos quedan de manifiesto tres desviaciones –falta de transparencia, falta de discernimiento y abuso del poder–, que afectan el curso normal del Estado, interna y externamente, que invaden su ámbito de acción o sus potestades, o quebrantan valores básicos, morales o intelectuales. Estas desviaciones han comprometido, en mayor o menor grado, a los tres poderes del Estado. La falta de transparencia –firme aliada de la rendición de cuentas y la mejor póliza de seguridad en la función pública– quedó patente en el manejo de los aportes del BCIE. Su naturaleza de fondos privados y tampoco su necesidad lo exoneraban de la información oportuna e inteligente. Sus consecuencias están a la vista.
A la falta de transparencia se agregan la falta de discernimiento y el abuso de su poder político o personal (exministro y precandidato beligerante), al llamar al Ministro de Seguridad Pública para que le hiciera un mandado que competía a su abogado. Todos los ciudadanos tienen derecho a tocar las puertas de los jerarcas, pero no en estas circunstancias. La prudencia y el respeto se imponen, máxime en el campo judicial. Además de comprometer al amigo, se abren las compuertas, como en este caso, para todo tipo de conjeturas. Las explicaciones –anunciadas previamente como “una bomba”– dadas anteayer por el exministro Arias en la Asamblea Legislativa, han engrosado las dudas y empañado aún más la transparencia.
En cuanto al ministro Tijerino, si bien no se ha demostrado favorecimiento o presión alguna en el caso, su obsecuente llamada telefónica a una funcionaria del Ministerio Público, atendiendo el pedido del exministro Arias, rasgó el valor del discernimiento o la prudencia, y traspasó la frontera de la independencia de poderes. La Presidenta de la República calificó su llamada como una decisión personal, pero estos lances tan sensibles, por la naturaleza del tema, no puede un ministro distanciarlos de la jerarquía de lo institucional.
Bien hizo la Corte Plena en actuar de inmediato, el lunes pasado, y en ordenar, por unanimidad, un proceso disciplinario, a cargo del Tribunal de la Inspección Judicial, sobre el fiscal general, Jorge Chavarría. Corresponde a este tribunal indagar sobre las decisiones y las declaraciones de todo linaje de este alto funcionario, cuyo puesto estratégico en el ordenamiento penal del país exige la máxima transparencia, discernimiento y contención en el manejo del poder. Este, a diferencia de lo dicho alegremente por un diputado, no es “un tema cerrado”. Está abierto en todas sus instancias, como lo demuestra la reacción inmediata de los más diversos sectores del país ante la sucesión de informaciones y comentarios publicados.
Esta reacción nacional pone de manifiesto la raigambre democrática de los costarricenses. La respuesta de los poderes públicos debe corresponder sin evasivas a la gravedad de los hechos.
