EscucharJean Todt, presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), visitó el país para entregar, en Cartago, una donación destinada a financiar la construcción de una vía para ciclistas de 5,8 kilómetros de longitud. La obra ofrecerá a los ciclistas la seguridad hasta ahora echada de menos en prácticamente todas las vías del país. De hecho, la obra convertirá a Cartago en la primera concentración urbana de la Gran Área Metropolita en contar con una vía exclusiva para bicicletas.
Consultado sobre los factores por mejorar para disminuir nuestra preocupante inseguridad vial, Todt evitó centrar su respuesta en algún aspecto en particular. “Es una combinación de todos los elementos. Siempre será necesario mejorar la infraestructura, la educación de la población y también la legislación”. Con lo dicho, el presidente de la FIA no revela novedades, pero nos recuerda el limitado efecto de una reforma legal y lo ilusorio de depositar en ella demasiadas esperanzas.
La ley es necesaria, más aún, indispensable, pero el país está urgido de educación vial, tanto o más que de represión, e indiscutiblemente, hay mucho por mejorar en la infraestructura. En la misma edición de ayer, a vuelta de página de la información sobre la construcción de la ciclovía en la Vieja Metrópoli, La Nación informó de la ausencia de bahías para autobuses en la autopista Bernardo Soto, donde gran cantidad de usuarios se ven obligados a esperar el transporte público a la orilla de la carretera, sin protección alguna.
Las tragedias causadas por atropellos múltiples conmovieron al país en los últimos días y constituyen un recordatorio de la necesidad de mejorar la infraestructura, amén de la educación y la ley de tránsito. En la autopista Bernardo Soto, los trabajadores atraídos por las fuentes de empleo en las zonas francas esperan transporte mientras miles de vehículos pasan a su lado, casi rozándolos, a altas velocidades.
La ausencia de bahías convierte a los autobuses en un peligro adicional, porque se ven obligados a detenerse en plena vía, restringiendo el paso y forzando a los demás conductores a maniobrar, con riesgo para sí mismos y para los peatones. La falta de un mínimo de seguridad casi hace olvidar otras incomodidades, como la inexistencia de asientos o techo para guarecerse del sol o la lluvia durante las largas esperas, estimadas por los usuarios en entre 20 y 40 minutos, dependiendo de la ruta.
El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) dice carecer de presupuesto para hacer las mejoras necesarias y desplaza la responsabilidad a hombros de la Municipalidad de Alajuela. Allí tampoco hay recursos; sin embargo, el alcalde Roberto Thompson espera contar con el dinero necesario en el 2012.
Es oportuno destacar que las bahías en esos puntos nunca fueron contempladas como parte de la infraestructura necesaria. Las paradas de autobús no estaban previstas, pero fueron creadas por una necesidad fácil de prever a partir de la instalación de las zonas francas. La industria del área atraería mano de obra y la mano de obra necesitaría transporte.
Así, en una sola edición dimos la buena noticia de la ciclovía cartaginesa y la mala de las paradas de autobús frente a las zonas francas. Imposible dejar de señalar que la primera es posible en virtud de una donación extranjera y la segunda existe por falta de planificación y ausencia de recursos nacionales y locales. Esa realidad es palpable en todas las regiones del país y en sus principales vías.
La ley de tránsito, ya con todas las reformas de su azarosa carrera por los corrillos legislativos, hará un importante aporte a la seguridad de nuestras vías, en el tanto las autoridades se esfuercen por conseguir su correcta aplicación; no obstante, no resolverá las deficiencias constructivas que hacen de nuestras carreteras una permanente fuente de dolor y miseria.
