EscucharEl viceministro de la Presidencia, Daniel Soley, visitó a la procuradora general, Ana Lorena Brenes, y en el curso de la reunión le ofreció nombrarla embajadora. El cargo diplomático alejaría a Brenes de sus funciones, aunque todavía le restan poco menos de dos años de servicio, pues su ratificación se produjo en el 2010, por un plazo de seis años.
El ofrecimiento apunta a un deseo gubernamental de sustituirla en sus funciones y algunas opiniones recientes de la Procuraduría podrían ofrecerse como explicación. La entidad informó a la Sala IV su criterio sobre la inconstitucionalidad de mantener al ministro de la Presidencia en el cargo por tratarse de un obispo de la Iglesia luterana. Los magistrados resolvieron a favor del ministro, pero el criterio de la Procuraduría no contribuyó a ese resultado. En el caso del levantamiento del veto a la ley que destina la calle 13 bis de San José a la venta de artesanía, la Procuraduría también opinó contra los intereses del Gobierno.
El viceministro admite que, en el curso de la reunión, la funcionaria le hizo ver que sentía “un alejamiento” del Ejecutivo. Ese sentimiento confirma la relación incómoda entre la Procuradora y el Gobierno, cuya existencia es un elemento indispensable para interpretar las incompletas versiones de la extraña visita.
Soley también acepta haberle planteado el nombramiento de embajadora, pero, en respuesta a las preguntas formuladas por este periódico, dijo que es una posibilidad para el futuro, cuando a la procuradora se le agote el nombramiento. Es, afirmó, una manera de reconocerle su distinguido desempeño.
La explicación es extraña. El mejor reconocimiento de la buena labor de la procuradora es ratificarla en el cargo, pero, si el Gobierno está pensando en dónde colocarla cuando expire su nombramiento, queda claro que, desde ya, tiene intención de sustituirla.
Es extraño, además, que el Ejecutivo se plantee la posibilidad de nombrarla embajadora en octubre del 2016. Terminadas las gestiones de nombramiento, beneplácito y otros detalles, Brenes asumiría el cargo a inicios del 2017, si corre con suerte. Es decir, viajaría a su nueva sede cuando la Administración que la nombró esté en el último año de ejercicio. No parece muy grande el reconocimiento.
Por otra parte, según Soley, “hay muchas embajadas libres”. Por lo visto, permanecerán vacantes hasta octubre del 2016. De lo contrario, cabría pensar que la oferta hecha a la procuradora no fue para el futuro, como prematura preocupación del Ejecutivo por la estabilidad laboral de la funcionaria, que en todo caso podría resolverse con solo extender su nombramiento en atención a “la valía de una profesional como doña Ana Lorena”, quien tiene entre sus atestados “una gran trayectoria”, para decirlo en las palabras expresadas por Soley cuando se le preguntó por la reunión con Brenes.
No es menos llamativa la oferta por salir de la nada, según se desprende de la versión de Soley, en el marco de una reunión “sobre la dinámica del Gobierno”. También es curiosa por estar dirigida a una funcionaria que acababa de confesarse “alejada” del Ejecutivo. Extraña, además, que el viceministro ande con un surtido de embajadas, proponiéndolas como reconocimiento a funcionarios sin experiencia en el servicio exterior.
Aunque se trate de un ofrecimiento para el futuro, o de una mera posibilidad, al Gobierno no puede escapársele la gravedad de ofrecer semejante premio a una funcionaria cuya independencia de criterio debe estar libre de toda presión, incluyendo cuanto pueda ser interpretado como un incentivo perverso. Hasta octubre del 2016, cuando menos, Brenes seguirá emitiendo criterios de extrema importancia para el Ejecutivo, y ningún favor se le hace con la oferta de un “reconocimiento” al final del camino.
El viceministro admite otro revelador desacuerdo con la procuradora, del cual dijo haber conversado durante la curiosa visita. Está vacante la plaza de Procurador de la Ética y Soley no disimula el interés de la Administración por intervenir en el nombramiento. La procuradora piensa hacerlo como siempre, por concurso interno o por ascenso, pero Soley se pronuncia por un concurso externo, del cual es difícil recordar un precedente.
La procuradora declinó revelar el contenido de la entrevista con Soley “por consideración al presidente, Luis Guillermo Solís”, con quien conversó el lunes, seis días después de la extraña visita. El silencio y la razón esgrimida son tan elocuentes como las demás circunstancias apuntadas. El caso invita, cuando menos, al escepticismo.
La Procuraduría es un órgano adscrito al Ministerio de Justicia, pero con garantía de independencia de criterio y desconcentración máxima. Esa independencia tiene un altísimo valor para la institucionalidad del país. Es preciso preservarla, sin presiones indebidas ni intromisión en los procesos de la gestión habitual, aun cuando el resultado no siempre complazca al Ejecutivo.
